Atizapán de Zaragoza, Méx.— Un juez federal asestó un duro revés a la administración municipal encabezada por Pedro Rodríguez Villegas, al dejar sin efecto el Plan de Desarrollo Urbano Municipal (PDUM) 2022-2024, tras resolver a favor de un amparo interpuesto por vecinos y asociaciones civiles.
La resolución, emitida por el Juzgado 16° de Distrito en Naucalpan, establece que el gobierno municipal deberá reponer el proceso de consulta pública y garantizar la legalidad, transparencia y participación ciudadana efectiva antes de aprobar cualquier nuevo plan urbano.
La sentencia deriva del amparo indirecto 1145/2022, promovido desde hace más de dos años por colonos que acusaron que el PDUM beneficiaba intereses inmobiliarios privados, ponía en riesgo zonas de recarga acuífera y carecía de estudios de impacto ambiental y de una consulta ciudadana conforme a la ley.
Los puntos clave del fallo:
Queda sin efecto el PDUM 2022-2024 aprobado por la actual administración. El municipio deberá organizar una nueva consulta pública, bajo estándares legales y con participación vecinal real. Se deben publicar los más de 200 planos de zonificación secundaria, que definen usos de suelo, densidades y alturas. Es obligatoria la presentación de estudios ambientales antes de validar cualquier cambio. Toda nueva versión del plan deberá someterse a una nueva convocatoria pública y abierta.
Desde 2021, habitantes de diversas colonias y colectivos ciudadanos habían expresado su oposición al PDUM, señalando su aprobación irregular y denunciando impactos negativos sobre el medio ambiente, el orden urbano y los límites territoriales del municipio.
En particular, 17 zonas de recarga hídrica fueron identificadas como áreas vulneradas por el proyecto, lo que encendió alertas en comunidades preocupadas por el futuro del agua en la región.
Reacción ciudadana
Organizaciones vecinales celebraron el fallo como una “victoria legal y social”, al considerar que pone freno a decisiones gubernamentales tomadas sin consulta previa ni estudios técnicos sólidos. Acusaron además que el PDUM favorecía intereses privados y no respondía a las necesidades reales de la población.
Con esta decisión judicial, la administración de Pedro Rodríguez Villegas enfrenta el reto de reconstruir desde cero el marco urbano del municipio, ahora bajo vigilancia legal, social y ambiental.
Lo que sigue: nuevo proceso participativo, más riguroso y transparente, que será clave para definir el rumbo urbano de Atizapán en los próximos años.
