Toluca, Estado de México, 2 de septiembre de 2025.– Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense aprobaron, por mayoría de votos, la expedición de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, derivada de las reformas constitucionales que modificaron la estructura de esta institución.
La iniciativa fue presentada por los coordinadores parlamentarios de morena, PVEM y PT: José Francisco Vázquez Rodríguez, José Alberto Couttolenc Buentello y Óscar González Yáñez, respectivamente. En lo general, el dictamen obtuvo el voto a favor de estas bancadas, mientras que PRI, PAN, PRD y MC se manifestaron en contra.
El documento establece la creación del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, con el objetivo de separar las funciones jurisdiccionales —a cargo del Tribunal Superior de Justicia— de las administrativas y disciplinarias, a fin de fortalecer la transparencia, combatir la corrupción y garantizar una impartición de justicia pronta, imparcial y accesible.
Durante la sesión, se avalaron reservas como la del diputado Octavio Martínez Vargas (morena), quien propuso que se requiera el voto de dos terceras partes de magistradas y magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia para iniciar leyes o decretos. También se aprobó la propuesta del legislador Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI), que amplía las sanciones a personas juzgadoras que emitan resoluciones contrarias no sólo a la Constitución, sino también a tratados internacionales en materia de derechos humanos.
La discusión estuvo marcada por el cuestionamiento de legisladoras del PAN, MC y PRI, quienes señalaron lo apresurado del proceso legislativo. No obstante, representantes de morena aseguraron que el dictamen fue conocido con antelación y que existió tiempo suficiente para presentar propuestas.
De acuerdo con el dictamen, esta nueva legislación sustituirá a la ley vigente desde octubre de 2022 y busca atender problemáticas como la opacidad, la falta de transparencia en el uso de recursos públicos y los retrasos en procesos disciplinarios contra jueces y magistrados.
Cabe recordar que el Congreso mexiquense tiene un plazo de 160 días hábiles, contados a partir de la publicación del decreto constitucional (6 de enero de 2025), para concretar esta adecuación legal.
