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PRI propone sancionar con hasta cinco años de cárcel el uso de IA para generar contenido sexual sin consentimiento

Toluca, Estado de México, 15 de octubre de 2025.

Ante el avance tecnológico y los riesgos asociados al uso indebido de la inteligencia artificial, el Grupo Parlamentario del PRI en el Estado de México presentó una iniciativa para castigar penalmente la creación y difusión de contenido sexual falso generado mediante esta tecnología.

La propuesta, impulsada por la diputada Lili Urbina, plantea sanciones de uno a cinco años de prisión y multas que van de 200 a 500 UMAs (entre 22 mil 600 y 56 mil 570 pesos aproximadamente), para quien manipule imágenes, audios o videos con contenido íntimo sin el consentimiento expreso y voluntario de las personas involucradas.

Urbina explicó que la iniciativa busca frenar prácticas como los llamados deepfakes, que permiten fabricar contenido con apariencia real utilizando la imagen, voz o cuerpo de personas sin su autorización.

“Hoy debemos dar el siguiente paso y actualizar nuestro marco legal para enfrentar las nuevas formas de agresión que surgen con inteligencia artificial. Con esta reforma, el Congreso del Estado de México manda un mensaje firme y contundente: la dignidad, la intimidad y el derecho a una vida libre de violencia no son negociables”, afirmó la legisladora.

Asimismo, destacó que esta propuesta está enfocada en proteger especialmente a niñas, adolescentes y mujeres, quienes son las principales víctimas de este tipo de violencia digital.

La diputada subrayó que, aunque los contenidos son generados digitalmente, las afectaciones son reales:

“Detrás de cada imagen falsa hay víctimas de carne y hueso, personas que identifican sus rostros, sus cuerpos o su voz, pese a que no son ellas y fueron usados sin su consentimiento.”

Asimismo, aclaró que la iniciativa no pretende limitar la innovación tecnológica, sino establecer límites éticos a su uso.

“Crear o compartir esos materiales es violencia digital y debe tener consecuencias penales”, puntualizó.

Con esta propuesta, el PRI busca fortalecer el marco jurídico estatal para prevenir, sancionar y erradicar nuevas formas de agresión facilitadas por la tecnología.

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