En una sesión pública que terminó entre lágrimas y aplausos, la Sala de Asuntos Indígenas del PJEdomex concedió amnistía a Tomás, integrante de una comunidad otomí que había sido sentenciado en 2014 por homicidio. Es la tercera amnistía otorgada por esta Sala a favor de una persona perteneciente a un pueblo originario.
“Sentimos que la justicia por fin alcanzó a nuestros pueblos indígenas. Que Dios los bendiga…”, expresó Carmen, esposa de Tomás, con la voz entrecortada tras escuchar la resolución que le devolvió la libertad.
La sesión extraordinaria se llevó a cabo en el Salón de Plenos del Palacio de Justicia, con la presencia del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García; la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura; el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política; el ombudsperson Víctor Leopoldo Delgado Pérez; y José Carlos Neira Cruz, director del Instituto de la Defensoría Pública, en representación de la gobernadora.
Irregularidades y barreras históricas
Durante la sesión, las magistradas Erika Castillo Vega —presidenta de la Sala—, Verónica Carrillo Carrillo y María Rosalba Briseño Alvarado, junto con los magistrados Arturo Márquez González y Lawrence Eliseo Serrano Domínguez, analizaron el caso y votaron por unanimidad.
Al presentar el asunto, la magistrada Carrillo explicó que, tras revisar el expediente, se acreditaron diversas irregularidades: falta de traducción durante el proceso, ausencia de asesoría jurídica con perspectiva intercultural y limitaciones que impidieron a Tomás comprender plenamente la imputación. A ello se sumaron condiciones de pobreza, rezago escolar y marginación.
Con base en estos elementos, se activó la vía extraordinaria prevista en la Ley de Amnistía del Estado de México. La Sala confirmó su pertenencia a una comunidad indígena, la inexistencia de reincidencia, el cumplimiento de la reparación del daño y la realización de actividades sustitutivas, por lo que determinó procedente el beneficio.
Las y los integrantes coincidieron en que, durante décadas, los pueblos originarios enfrentaron barreras estructurales para acceder a la justicia. Este mecanismo —señalaron— busca corregir desequilibrios históricos sin dejar de lado a las víctimas.
Coordinación entre poderes
Para el magistrado presidente Héctor Macedo García, la resolución refleja la coordinación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para convertir la Ley de Amnistía en una herramienta efectiva y no meramente simbólica. Subrayó que el objetivo es escuchar, reconocer fallas institucionales y actuar con empatía frente a contextos de desigualdad.
Por su parte, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, sostuvo que la amnistía responde a una demanda social de justicia accesible para grupos vulnerables y recordó que el organismo puede emitir pronunciamientos ante violaciones al debido proceso, incorporando enfoques intercultural, de género e interseccional.
Con esta resolución, la Sala de Asuntos Indígenas consolida una línea de actuación centrada en la restitución de derechos, la perspectiva intercultural y la corrección de desigualdades históricas dentro del sistema penal mexiquense.
Al final, más allá de los discursos institucionales, la escena fue clara: una familia volvió a reunirse y un caso que evidenció fallas estructurales se convirtió en un precedente para el acceso a la justicia de los pueblos originarios en el Estado de México.
