Toluca, Méx.– El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXII Legislatura mexiquense, José Francisco Vázquez Rodríguez, celebró la amnistía concedida a Tomás “N”, integrante de la comunidad otomí, quien recuperará su libertad tras permanecer casi 14 años en prisión.
La resolución fue emitida por la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México, luego de acreditarse violaciones graves a sus derechos humanos y al debido proceso durante el juicio en el que fue sentenciado por homicidio calificado.
El legislador acudió, junto con la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva, a la Sesión Extraordinaria Pública encabezada por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, donde se dio a conocer la determinación.
Vázquez Rodríguez subrayó que la liberación de Tomás es resultado del trabajo coordinado entre los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, al hacer efectiva la Ley de Amnistía estatal.
Recordó que esta legislación fue aprobada el 17 de diciembre de 2020 y entró en vigor el 5 de enero de 2021, lo que permitió revisar casos en los que existieron condiciones de vulnerabilidad, desigualdad o irregularidades procesales.
El diputado expresó su satisfacción porque, mediante este instrumento jurídico, se logró la liberación de una persona que, afirmó, permaneció privada de la libertad por un delito que no cometió.
Asimismo, informó que actualmente en comisiones legislativas se analiza una iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para reformar la Ley de Amnistía del Estado de México. La propuesta contempla ampliar los supuestos para otorgar el indulto a mujeres que no fueron juzgadas con perspectiva de género o de derechos humanos, así como a personas que cometieron delitos en condiciones de vulnerabilidad o desventaja.
De acuerdo con el legislador, estas modificaciones buscan fortalecer una justicia más equitativa y restaurativa, acorde con el marco constitucional vigente, y consolidar la amnistía como una herramienta correctiva del sistema penal para evitar decisiones basadas en prejuicios o sin considerar contextos de desigualdad.
