La renuncia en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) es una medida cosmética frente a la magnitud del desastre. Celebrar la salida de una sola figura es ignorar el problema de fondo: el colapso total de una noble institución que fue producto de una larga y ardua lucha democrática. Si bien es cierto que en el pasado la conformación del Consejo General decayó en un cuestionable sistema de cuotas y cuates, la realidad actual ha tocado fondo. Hoy, el partido en el gobierno ha cooptado por completo a la institución, degradando al árbitro electoral a niveles de una insólita corrupción institucional. Por ello, la exigencia no debe limitarse a una renuncia individual; todos y cada uno de los consejeros deben separarse de su cargo.
¿Cómo se materializa esta cooptación que ha corrompido al INE? No a través de la fuerza bruta, sino mediante un desmantelamiento silencioso y sistemático desde sus entrañas. Esta corrupción institucional se manifiesta en la claudicación evidente del Consejo General frente a las irregularidades del oficialismo: una ceguera deliberada ante el uso de recursos públicos con fines electorales, la tolerancia a campañas anticipadas y la negativa a sancionar las violaciones sistemáticas a la equidad en la contienda. El árbitro ha dejado de pitar las faltas del equipo en el poder.
Más grave aún es la captura operativa. La cooptación se evidencia en la imposición de perfiles cuya única virtud es la lealtad absoluta al régimen para encabezar las Direcciones Ejecutivas y las áreas técnicas clave. Con ello, se ha desplazado el rigor y la imparcialidad del Servicio Profesional Electoral para dar paso a la sumisión partidista. Las resoluciones y votaciones en la herradura de la democracia ya no obedecen al análisis jurídico ni a la defensa de la Constitución, sino a las presiones y dictados provenientes del Ejecutivo. Mantener a este Consejo es avalar que el árbitro juegue abiertamente con la camiseta del gobierno.
Es fundamental entender la diferencia estructural entre los vicios del ayer y la tragedia de hoy. En el pasado, el denostado sistema de «cuotas y cuates» pervirtió el espíritu ciudadano del órgano al convertir los nombramientos en una moneda de cambio; era un reparto del arbitraje donde, al menos, la competencia entre distintas fuerzas políticas obligaba a mantener ciertos equilibrios, contrapesos y negociaciones en la mesa. Sin embargo, lo que enfrentamos ahora es una hegemonía asfixiante. Ya no hay un pastel dividido entre varios, sino una imposición absoluta. Pasamos de un arbitraje loteado por diversas cúpulas a un árbitro secuestrado en su totalidad por el partido en el poder, sustituyendo la imperfecta pluralidad de antes por una sumisión vertical y totalitaria hacia el oficialismo.
El antídoto contra esta degradación requiere ir más allá de la sustitución de nombres; exige un rediseño de fondo en los mecanismos de designación. La nueva conformación del Consejo General debe transitar hacia un modelo que garantice contrapesos reales mediante la integración formal de la ciudadanía.
En este nuevo diseño institucional, los consensos de las fuerzas políticas deben someterse a rigurosos filtros de evaluación técnica. Es aquí donde las universidades y los centros de investigación deben fungir como garantes del perfil idóneo, evaluando la imparcialidad y la capacidad técnica de los aspirantes de manera vinculante.
Corolario: Al institucionalizar la participación de la academia y de la sociedad civil organizada en el proceso de selección y escrutinio, se neutraliza la tentación hegemónica del gobierno en turno. Rediseñar el INE bajo esta lógica estructural no es un acto de revancha, sino una medida indispensable de supervivencia institucional para devolverle a México la certeza de su democracia.
