La Iniciativa de Reforma Electoral 2026 se ha presentado a la nación bajo la grandilocuente promesa de consolidar la transformación democrática y devolver el poder a la ciudadanía. Sin embargo, un escrutinio riguroso del texto, dicha iniciativa revela una realidad preocupante: estamos ante una propuesta raquítica, incompleta y falaz para los retos del México contemporáneo. Lejos de perfeccionar nuestro sistema, la iniciativa violenta flagrantemente el principio de progresividad constitucional, conformándose con ser un parche electorero-administrativo que confunde austeridad con evolución democrática.
La progresividad, como mandato supremo de nuestra Constitución, exige que los derechos humanos como los son los político-electorales, avancen continuamente, prohibiendo cualquier retroceso. Una verdadera reforma electoral no se debe limitar a abaratar las elecciones o a rediseñar la forma en que los políticos se reparten el financiamiento; tiene el deber ineludible de incentivar la participación ciudadana, tanto activa como pasiva, y de cimentar el camino hacia una representación auténticamente deliberativa. Esta iniciativa falla estrepitosamente en ese cometido.
Es innegable, y de absoluta urgencia estatal, la necesidad de blindar los procesos electorales frente a la injerencia del crimen organizado y el financiamiento ilícito. La propuesta de establecer mecanismos de coordinación con autoridades de inteligencia y seguridad para filtrar a las candidaturas responde al clamor social de limpiar la política. Pero la seguridad no puede ser la excusa para estancar la evolución del sufragio.
Al pretender declarar como inelegibles candidaturas con base en «informes de inteligencia» sin exigir el rigor de una sentencia firme o la demostración concreta de una culpabilidad, se coquetea peligrosamente con la violación a la presunción de inocencia de muchos ciudadanos. Se crea un sistema punitivo y de sospecha, pero se olvida de construir incentivos para que el ciudadano común decida y pueda participar en la vida pública sin depender de las maquinarias tradicionales.
La verdadera progresividad democrática exige audacia y visión de Estado. Si el objetivo genuino era empoderar al elector, la iniciativa debió proponer mecanismos de vanguardia, como la instauración de la segunda vuelta electoral para garantizar ejecutivos con mayorías absolutas y legitimidad indiscutible; el voto preferencial, que arrebata a las cúpulas el control total sobre quién entra y permite al ciudadano reordenar las listas cerradas y desbloqueadas; o la exigencia constitucional de un parlamento abierto real y vinculante.
Más aún, era la oportunidad histórica para liberar la participación política, reduciendo drásticamente los requisitos draconianos que hoy asfixian el registro de ciudadanos sin partido. Ninguna de estas medidas democratizadoras tenía que ser un salto al vacío: la iniciativa pudo establecer su implementación mediante pruebas piloto en los comicios municipales. Esto habría permitido al sistema institucional y al electorado habituarse a una participación más activa, para luego, con evidencia en mano, escalar progresivamente estas figuras a los procesos estatales y al ámbito federal.
En su lugar, tenemos una iniciativa obsesionada con el control financiero cotidiano y la vigilancia punitiva, que deja intacta la profunda crisis de representatividad. Su propuesta «estrella» en el Poder Legislativo —eliminar las listas plurinominales de cúpula para asignar los escaños a los «mejores perdedores» de los distritos— es una propuesta llena de perversidad maniquea. No fomenta un parlamento más plural o cercano al electorado; simplemente cambia la fórmula matemática bajo la cual las mismas élites partidistas reciclan a sus cuadros y que ellos mismos determinaran bajo sus propios cálculos en dónde pueden apostar al primer lugar y en que otros al segundo y de esta forma ellos imponer a sus más cercanos y leales seguidores en dichos distritos.
Blindar las urnas contra el crimen es una obligación ineludible del Estado, pero vaciar de contenido progresista a la democracia para lograrlo es un precio costosísimo en lo evolutivo e inconstitucional en lo jurídico. México merece y necesita una reforma que mire hacia la madurez de la participación ciudadana, no una que se encoja de hombros y asuma que la democracia es, ante todo, un problema de costos y de control. Por ello es de suma importancia nunca olvidar la máxima: ENTRE MÁS LIBERTAD, MÁS DEMOCRACIA.
