En el debate público, llamar a las cosas por su nombre es el primer y último requisito para una democracia transparente. Cuando desde el Ejecutivo Federal se anunció una «Reforma Electoral», la ciudadanía y los actores políticos anticipamos, naturalmente, una discusión sobre el árbitro de las elecciones, el financiamiento de los partidos políticos, la representación proporcional o la forma en cómo iríamos o deberíamos votar. Sin embargo, al analizar a fondo la reciente iniciativa con proyecto de decreto enviada al Senado, la realidad es otra: estamos frente a un caballo de troya.
Bajo la atractiva etiqueta de «electoral», se esconde un rediseño profundo del ejercicio del gasto público local y una reconfiguración de la Revocación de Mandato a la medida del Ejecutivo. No es una reforma para mejorar cómo votamos; es una reforma sobre quién concentra el poder y los recursos.
El primer gran engaño de la iniciativa radica en su intromisión directa en la autonomía de los estados bajo la bandera de la «austeridad republicana». Al proponer en el Artículo 116 constitucional que los presupuestos de los Congresos locales no puedan exceder el 0.70% del presupuesto de la entidad, no solo se busca un ahorro. Se está legislando una asfixia financiera para el Poder Legislativo estatal.
Si bien es cierto que históricamente ha existido despilfarro en algunas legislaturas locales (como lo fue la del Estado de México durante el régimen PRI), aplicar un machetazo estandarizado desde la Constitución Federal amenaza con paralizar la capacidad técnica y operativa de los congresos. Un Poder Legislativo sin recursos para asesores especializados, auditorías independientes o institutos de investigación es un poder débil. Y un congreso débil es, por definición, un cheque en blanco para el Gobernador en turno. Curiosamente, la iniciativa destina esos «ahorros» a los Ayuntamientos, en una jugada que, si bien suena optima o necesaria lo es en extremo populista, ya que centraliza el control político al debilitar al único contrapeso real del Ejecutivo estatal.
El segundo pilar de esta iniciativa deforma el espíritu original de la Revocación de Mandato. Modificar el Artículo 35 para permitir que la persona titular de la Presidencia pueda «difundir el proceso y promover el voto a su favor» desvirtúa por completo el instrumento.
La revocación de mandato fue concebida como una herramienta de rendición de cuentas, un «freno de emergencia» en manos de los ciudadanos frente a un mal gobierno. Al permitir que el Presidente use su investidura y su inmensa plataforma mediática para hacer campaña activa a favor de su permanencia, el ejercicio deja de ser una evaluación ciudadana para convertirse en un plebiscito de popularidad impulsado desde el poder. A esto se suma la flexibilización de los tiempos electorales y la reducción de la veda gubernamental a solo 60 días, lo que garantiza que la maquinaria del Estado apenas se detenga.
Es innegable que México necesita erradicar el nepotismo en los municipios (que esta reforma acertadamente prohíbe) y frenar los excesos de la alta burocracia. Sin embargo, empacar estas medidas junto con la asfixia a los congresos locales y la politización desde el poder de la Revocación de Mandato, y etiquetarlo todo como «Reforma Electoral», es un acto de deshonestidad política y legislativa eagravio de todos los mexicanos.
El Congreso de la Unión tiene la obligación de debatir esta iniciativa despojándola de su disfraz. Si se va a discutir el rediseño del pacto federal y el debilitamiento de los congresos locales, que se haga de frente, que se proponga. Si se va a autorizar al Presidente a hacer campaña en funciones, que se debata con todas sus letras. Pero vender una centralización de poder y una austeridad forzada como un triunfo electoral es subestimar la inteligencia de la ciudadanía y eso sí lastima la dignidad de un país.
