El Derecho Penal nació para ser la última ratio del Estado: el último recurso, la herramienta más violenta e invasiva, reservada solo para cuando todos los demás mecanismos de control y prevención han fracasado. Sin embargo, en México, esta premisa se ha invertido. Hoy, el Derecho Penal es la «primera ratio», la respuesta automática y el refugio perfecto para la incompetencia política. ¿Los responsables directos? Un Poder Legislativo adicto al aplauso fácil y un Poder Ejecutivo que abdicó de su responsabilidad preventiva.
Si analizamos la producción del Congreso en las últimas décadas, encontraremos una peligrosa tendencia: la demagogia punitiva. Para nuestros legisladores, el Código Penal se ha convertido en un panfleto de campaña.
Ante cualquier crisis de inseguridad que acapare los titulares, la respuesta legislativa es predecible: crear nuevos delitos, aumentar las penas a niveles absurdos y, lo más grave, ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Es la ilusión del trabajo cumplido. Legislar un aumento de 20 a 50 años de prisión por un delito no cuesta un solo peso del presupuesto, se aprueba en fast-track, arranca aplausos y da la falsa impresión de que se está «combatiendo al crimen».
Pero la criminología y la experiencia nos gritan otra realidad: los delincuentes no leen el Diario Oficial de la Federación antes de cometer un ilícito. Aumentar las penas no disuade el delito cuando la tasa de impunidad supera el 90%. El legislador legisla para la tribuna, entregando leyes de papel que asfixian a los tribunales, pero que no salvan ni una sola vida en la calle.
Para ilustrar esta «fábrica de leyes inservibles», no hace falta rebuscar en los archivos históricos; basta asomarnos al catálogo de reformas recientes que adornan nuestro sistema jurídico, diseñadas para el aplauso, pero inútiles para la justicia:
El catálogo inflado de la Prisión Preventiva Oficiosa (Art. 19 Constitucional): En los últimos años, el Constituyente permanente, a petición del Ejecutivo, amplió la lista de delitos que ameritan cárcel automática (incluyendo el robo a casa habitación, el fraude fiscal o el «huachicoleo»). Se vendió como la solución definitiva. ¿El resultado empírico? La incidencia de estos delitos no ha disminuido, pero los penales se están saturando de personas sin recursos para defenderse, violando flagrantemente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una reforma que solo sirvió para castigar la pobreza por adelantado.
La Ley de Amnistía (2020): Se promulgó con bombo y platillo como un acto de justicia social para liberar a personas vulnerables, indígenas sin traductores o mujeres criminalizadas. En la realidad de la vida común, sus candados burocráticos, la lentitud de las comisiones revisoras y sus requisitos técnicos la volvieron casi inoperante en sus primeros años. Fue, durante mucho tiempo, una ley de vitrina: hermosa en el papel, pero incapaz de abrir las rejas de quienes prometió salvar.
Las Penas Vitalicias y las «Condenas Matemáticamente Absurdas»: En una carrera por ver quién es el político de «mano más dura», los legisladores estatales han modificado los códigos locales para imponer penas de 100, 140 o hasta 200 años de prisión para delitos como el secuestro o la extorsión. Son penas inaplicables para la expectativa de vida humana y criminológicamente inútiles: un infractor no se disuade ante una amenaza de 150 años de cárcel si sabe perfectamente que la probabilidad real de que una fiscalía lo investigue, capture y procese con éxito es menor al 5%.
La Ley General en Materia de Trata de Personas:Criticada sistemáticamente por académicos y defensores de derechos humanos, su redacción es tan amplia, confusa y defectuosa que muchas veces termina criminalizando el trabajo sexual consensuado o simples infracciones laborales, mientras que los grandes cárteles de explotación humana logran evadirla en los tribunales gracias a las deficiencias técnicas de la propia norma.
Las iniciativas inconstitucionales «de temporada» (Castración química, pena de muerte, mutilación): Cada proceso electoral, como si se tratara de un reloj, aparecen candidatos proponiendo penas que están expresamente prohibidas por el artículo 22 de nuestra Constitución y por todos los tratados internacionales que México ha firmado. Saben perfectamente que son inaplicables y que la Suprema Corte las invalidaría de inmediato, pero las suben a la tribuna únicamente para capitalizar el dolor y la indignación ciudadana en forma de votos.
Si el Legislativo peca de demagogo, el Poder Ejecutivo (en sus tres niveles de gobierno) peca de omiso. La verdadera política criminal le corresponde al Ejecutivo a través de la prevención social, la inteligencia, el rescate de espacios, el desarrollo económico y, sobre todo, la profesionalización de las policías preventivas y de investigación, así como de los Ministerios Públicos.
Pero construir instituciones sólidas toma tiempo, esfuerzo y trasciende los ciclos electorales de tres o seis años. Por ello, el Ejecutivo prefiere el camino corto: abandonar a las policías civiles, apostar por la militarización de la seguridad pública y utilizar a las fiscalías como brazos operacionales para mostrar «detenciones» en conferencias de prensa.
Cuando el Ejecutivo falla en garantizar educación, empleo y seguridad básica, utiliza al sistema penal como el gran basurero de sus problemas sociales. Es más fácil encarcelar la pobreza y la marginación que erradicarlas.
¿Quién paga la factura de este teatro político? El ciudadano común.
El resultado de esta tóxica combinación entre un Legislativo punitivista y un Ejecutivo ineficiente es un sistema de justicia hipertrofiado, cruel y profundamente clasista. El ciudadano de a pie se enfrenta a un escenario donde:
Se destruye la presunción de inocencia: Con la expansión de la prisión preventiva oficiosa —impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Constituyente permanente y/o el Legislativo—, el ciudadano común es encerrado primero y averiguado después. Las cárceles no están llenas de capos intocables, están llenas de personas sin recursos para pagar una defensa de calidad, esperando años por una sentencia.
Falsa seguridad: Mientras el Estado gasta fortunas manteniendo un sistema penitenciario sobrepoblado por delitos menores, las grandes redes de macrocriminalidadoperan con total impunidad. El ciudadano sigue siendo extorsionado, asaltado y violentado en su cotidianidad.
El estigma perpetuo: Cuando el sistema penal atrapa a un ciudadano ordinario, destruye su red de apoyo. Familias enteras caen en la ruina económica y social por la criminalización de uno de sus miembros, perpetuando el ciclo de marginación que el Ejecutivo debió prevenir.
Ya es hora de exigir madurez a nuestros gobernantes. Debemos dejar de aplaudirle al legislador que promete cadena perpetua y empezar a exigirle al Ejecutivo que construya policías científicas y políticas sociales efectivas.
El Derecho Penal no es una varita mágica; no educa, no genera empleos y no previene adicciones. Mientras el Ejecutivo y el Legislativo sigan utilizando el sistema de justicia como un espectáculo para encubrir sus fracasos estructurales, el ciudadano común seguirá siendo la víctima eterna de un Estado que prefiere castigar el incendio antes que molestarse en evitar que la casa arda.
