La reciente no aprobación de la reforma constitucional en materia de Revocación de Mandato representa mucho más que un simple revés legislativo; es, en el fondo, una derrota profunda para el pueblo de México. El rechazo a este ejercicio de participación ciudadana evidencia que el mensaje político de la actual Presidenta fue ignorado o, peor aún, deliberadamente tergiversado por quienes se resisten a ceder el control del aparato estatal.
La intención de la titular del Ejecutivo al proponer adelantar este ejercicio, y de exigir la posibilidad legal de hacer campaña para defender su administración, no era un mero capricho procedimental. Representaba una estrategia de Estado: la búsqueda de una ratificación popular anticipada que le otorgara la legitimidad inobjetable para gobernar. Era, en términos de pragmatismo político, la única vía institucional para sacudirse el lastre de su antecesor y autoproclamado líder moral del movimiento.
En este complejo ajedrez, resulta imperdonable la ceguera de la actual clase política de oposición. Sumidos en una evidente mediocridad y torpeza estratégica, fueron incapaces de leer tras bambalinas el mensaje de auxilio institucional que enviaba la Presidenta. Carecieron de la visión para entender que, al brindarle los votos necesarios para aprobar esta reforma, tenían en sus manos la oportunidad de reconfigurar la política nacional. Su respaldo no solo habría fungido como una cuña contra el bloque radical, sino que habría sido el parteaguas definitivo para sentar a la mandataria en la mesa y generar acuerdos o negociaciones a futuro que verdaderamente favorecieran a México.
Ante esta miopía opositora, la realidad operativa muestra hoy a una titular del Ejecutivo sometida a la voluntad y los caprichos de su predecesor. Se encuentra flanqueada y vigilada por sus propios adversarios internos, los incondicionales de Macuspana. Este bloque como se ha evidenciado en múltiples ocasiones, ha operado sistemáticamente para sabotear su autonomía, imponiendo un cerco político que le impide tomar las riendas efectivas del país e imponer su propia idea de Estado.
En esta trama de contrapesos y bloqueos, el papel del Partido del Trabajo (PT) ha sido revelador. Lejos de actuar como un aliado del actual gobierno, fungió como el vehículo político y ejecutor de las órdenes del exmandatario para lograr su fin último. La maniobra del PT para frenar la reforma tuvo un objetivo claro y calculado: impedir que la Presidenta lograra su emancipación política y garantizar que permanezca atada y sometida por lo menos un año más.
Como corolario es importante destacar que el rechazo a la Revocación de Mandato despojó a la ciudadanía de la oportunidad de redefinir el rumbo y empoderar a la actual mandataria para gobernar sin ataduras. Al negarle esta herramienta y someterla a una prolongada tutela política, el gran y único perdedor no es una facción partidista, no es la Presidenta, sino México, un país atrapado en una transición de poder que se niega a concluir.
