Urge regular los procesos internos de los partidos en México
En la política mexicana contemporánea, parece haberse consolidado una máxima no escrita: la ley electoral es una sugerencia, y la creatividad semántica, la mejor herramienta para evadirla. El fenómeno actual, en el que las fuerzas políticas han decidido adelantar sus procesos de selección de candidatos bajo el disfraz de «procesos organizativos internos», expone una de las fracturas más profundas de nuestro sistema electoral y democrático.
Sin embargo, culpar únicamente a los partidos políticos por intentar sacar ventaja es un análisis incompleto. En esta crisis, la responsabilidad principal recae en quienes tienen el mandato constitucional de detenerlos y han fallado en hacerlo. Ante una flagrante y continuada vulneración a los tiempos establecidos, surge una pregunta ineludible: ¿de qué sirve un calendario electoral si el árbitro permite que todos los competidores acuerden ignorarlo?
El Artículo 41 de la Constitución y la normatividad electoral contienen un sistema con fechas específicas y topes de gastos estrictos, con el objetivo histórico de garantizar la equidad.
Hoy, la realidad ha rebasado a la norma con el aval tácito de las instituciones. Presenciamos campañas que no se llaman campañas, y candidatos que asumen eufemismos ridículos para tapizar las ciudades con propaganda. Esta anticipación se justifica bajo la supuesta libertad de autodeterminación partidista, pero en el fondo, es un desafío directo al Estado de derecho que ha sido tolerado de manera alarmante por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Cuando la autoridad valida los eufemismos para hacer proselitismo fuera de tiempo, la simulación deja de ser una estrategia partidista y se convierte en una complicidad institucional.
El desequilibrio actual no nació en un vacío; es el resultado directo de una autoridad electoral que parece haber claudicado en su rol de contrapeso. Lejos de aplicar la ley con el rigor que exige la Constitución, el INE y el Tribunal Electoral han mostrado una preocupante laxitud, optando por criterios complacientes que benefician, de manera evidente, a las fuerzas políticas de mayor peso.
Esta postura permisiva, interpretada por amplios sectores como producto del temor, la presión política o un sometimiento al poder en turno, tiene consecuencias devastadoras:
La primera es la evidente ruptura de la equidad, pues al permitir que el partido en el poder o las fuerzas dominantes inicien sus maquinarias proselitistas meses e inclusive años antes, la autoridad obliga al resto de los actores a romper la ley también para no quedar rezagados, dinamitando la competencia justa.
Como segunda podemos mencionar una indiscutible Impunidad financiera, ya que al negarse a clasificar estos actos como lo que son —precampañas y campañas—, el INE renuncia cínicamente a su facultad fiscalizadora más severa. El dinero fluye en la opacidad sin que haya consecuencias reales, más allá de multas menores que terminan pagándose con los propios recursos públicos que reciben los partidos.
Y por último y lo más grave en el plano de lo político es justamente la provocación de la pérdida de legitimidad, pues un árbitro que ajusta sus decisiones al peso político del infractor pierde su razón de ser. Al «administrar» la ley en lugar de aplicarla a rajatabla, las autoridades electorales se vuelven coautoras de la crisis de legalidad.
El contexto actual nos obliga a un replanteamiento crítico. Empecemos por reconocer que el modelo electoral mexicano, construido sobre la desconfianza de los años setentas hasta los noventa, creó un sistema hiperregulado y rígido que en su momento resultó eficiente y necesario, pero que hoy resulta insostenible frente a la hiperactividad política del siglo XXI.
Razón por la cual, me llevan a inferir que solamente existen dos caminos para resolver esta encrucijada:
La Primera es, aceptar que en una democracia moderna la política no se apaga durante tres años. Esto implicaría reformar la ley para permitir el proselitismo continuo, pero bajo reglas de fiscalización en tiempo real, transparentes y draconianas.
La Segunda sería, mantener los tiempos actuales, pero exigir que el INE y el TEPJF ejerzan sus facultades sin miramientos. Que el castigo por actos anticipados no sea una multa complaciente, sino la negativa automática de registro para los infractores, sin importar su peso político ni las amenazas al presupuesto del instituto. Es decir urge Recuperar a la Autoridad Electoral.
Corolario: El adelanto generalizado en la selección de candidatos no es una muestra de vitalidad democrática; es el síntoma de un Estado de derecho fracturado donde el árbitro ha decidido soltar el silbato. Si México aspira a que su democracia sobreviva, necesita urgentemente autoridades electorales dispuestas a soportar la presión del poder y aplicar la ley, porque una democracia con reglas que nadie hace cumplir es, a fin de cuentas, una simulación.
