En el debate público nacional, la palabra «reforma» resuena con frecuencia en los pasillos del poder, pero casi siempre apunta en la dirección equivocada. Mientras se discuten cambios a las cámaras, tribunales y leyes electorales, el verdadero cuello de botella de la justicia en México sigue operando en las sombras de la ineficiencia y el abandono lo concerniente a las fiscalías o al Ministerio Público.
Efectivamente, la reforma a las instituciones encargadas de procurar justicia es una urgencia nacional innegable, una promesa inminente y constante de cada tres años o seis y que, trágicamente, nunca llega porque a la clase política simplemente no le interesa o no le es rentable.
Para entender la magnitud del problema, basta observar las cifras. En México, la tasa de impunidad y la «cifra negra» (delitos que no se denuncian o no se investigan) se mantienen en niveles alarmantes, superando sistemáticamente el 90%. El problema no radica únicamente en las sentencias que emiten los jueces, sino en las carpetas de investigación.
Una fiscalía que no investiga con rigor científico, que carece de personal capacitado o que está rebasada por la carga de trabajo, judicializa casos débiles. Un juez no puede condenar sin pruebas, y si las pruebas se pierden, se contaminan o simplemente no se buscan por los Ministerios Públicos. Las fiscalías son la puerta de entrada a la justicia, y hoy por hoy, esa puerta está cerrada para el ciudadano común.
Si el diagnóstico es tan claro y compartido por expertos, organizaciones civiles y víctimas, ¿por qué la reforma a las fiscalías no encabeza la agenda del gobierno? La respuesta radica en una mezcla de cálculo político y conveniencia.
Construir una fiscalía verdaderamente profesional, autónoma y científica toma años, excediendo los ciclos políticos de un sexenio. Los gobiernos prefieren invertir capital político en obras visibles o reformas de impacto inmediato que generen votos.
Históricamente, mantener fiscalías débiles o dependientes ha permitido que el aparato de justicia se utilice como herramienta política. Una fiscalía genuinamente autónoma investigaría la corrupción sin importar colores partidistas, un riesgo que pocos gobiernos están dispuestos a correr.
Sin duda alguna, sabemos que modernizar estas instituciones requiere una inversión masiva en tecnología, laboratorios forenses y salarios dignos para ministerios públicos y peritos, entre muchas otras cosas más. Es por ello, que es más fácil ignorar el problema que financiar su solución.
Una transformación real de las fiscalías, tanto a nivel federal como estatal, no requiere parches cosméticos, sino una reingeniería institucional profunda. Los puntos críticos que cualquier reforma seria debería abordar incluyen:
Autonomía real y efectiva: Separar verdaderamente las decisiones técnicas y penales de las presiones del poder ejecutivo en turno.
Servicio profesional de carrera:Garantizar que peritos, policías ministeriales y fiscales obtengan sus puestos por mérito, con salarios adecuados y protección contra despidos arbitrarios.
Transición del modelo burocrático al proactivo: Dejar de rellenar papeleo para centrarse en políticas de persecución penal inteligente, priorizando delitos de alto impacto y desarticulando redes criminales.
Atención a las víctimas: Erradicar la revictimización en las agencias del Ministerio Público, garantizando un trato digno y humano a quienes buscan ayuda en sus momentos más vulnerables.
Detrás de la apatía institucional y la falta de voluntad política, hay un costo humano incalculable. Son las madres buscadoras que tienen que hacer el trabajo de los peritos; son las víctimas de robo a quienes se les exige investigar por su cuenta; son los inocentes encarcelados por carpetas fabricadas y los culpables libres por negligencia procedimental.
COROLARIO. La reforma a las fiscalías es la deuda más dolorosa del Estado mexicano con sus ciudadanos. Mientras el gobierno siga mirando hacia otro lado, priorizando reformas de corte político sobre aquellas que afectan la vida diaria de las personas, la justicia en México seguirá siendo un privilegio inalcanzable, y la impunidad, nuestra única y trágica garantía. Es urgente dejar de administrar el colapso y comenzar a construir instituciones que, de una vez por todas, sirvan a las víctimas y no al poder.
