La reciente acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el crimen organizado, no solo ha desatado un sismo diplomático. También ha desnudado, con una claridad pasmosa, la mayor de las incongruencias de la actual administración federal y me refiero al uso faccioso de la justicia y el doble discurso frente a los derechos procesales.
El caso nos obliga a mirar más allá de la gravedad de los señalamientos de la corte estadounidense para centrar la atención en la reacción de Palacio Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR). Un actuar que parece dictado exclusivamente por la filiación partidista del acusado.
Para entender la magnitud del doble rasero, basta recordar la postura inamovible que el Gobierno Federal ha mantenido respecto a la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO). Durante años, la narrativa oficial se ha ufanado de esta figura legal e incluso insiste en seguir ampliando su catálogo de delitos en el Artículo 19 constitucional bajo la premisa de que es indispensable encarcelar a los sospechosos mientras se les investiga para «que no haya impunidad». El gobierno incluso ha desafiado resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para mantener este mecanismo que, en la práctica, castiga antes de juzgar.
Sin embargo, frente a las devastadoras acusaciones de Washington contra el mandatario de Sinaloa por delitos que, irónicamente, ameritan prisión preventiva oficiosa en México (como delincuencia organizada), el oficialismo ha experimentado una súbita y milagrosa conversión. De pronto, el gobierno exige «pruebas contundentes», apela a la sacrosanta «presunción de inocencia» y advierte que no se puede actuar en base a sospechas.
La hipocresía es innegable, para el ciudadano de a pie o el opositor político, la sospecha basta para la cárcel inmediata; pero para el gobernador aliado, la acusación formal de un gobierno extranjero es tratada como una simple calumnia que requiere un escrutinio exhaustivo antes de atreverse siquiera a incomodarlo.
Esta dualidad anula cualquier autoridad moral del Ejecutivo. Cuando los dardos apuntan a figuras de la oposición, la maquinaria gubernamental actúa con una celeridad implacable. Hemos visto cómo las conferencias matutinas se convierten en tribunales sumarios donde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la propia FGR se utilizan como brazos ejecutores para congelar cuentas y dictar sentencias mediáticas sin que un juez haya evaluado el caso.
Exigirle a Washington el expediente completo es un formalismo diplomático válido, pero exigir pruebas cuando internamente se ha legislado para encarcelar sin ellas, es un insulto a la inteligencia ciudadana. La FGR, que debería haber iniciado una investigación exhaustiva y de oficio ante señalamientos de tal magnitud, optó inicialmente por la inacción y el escepticismo cómplice.
En este contexto, la licencia temporal solicitada por el gobernador de Sinaloa, no fue un acto de nobleza institucional, sino una válvula de escape forzada. Mantener a un gobernador bajo el escrutinio de agencias internacionales por narcopolíticarepresentaba un costo inasumible. Se le apartó no por una convicción de justicia interna, sino para evitar que el escándalo siguiera arrastrando a la administración federal en un momento geopolítico sumamente delicado.
Corolario: La crisis en Sinaloa es la prueba de fuego definitiva para el discurso de transformación. No se puede navegar con la bandera de la justicia mientras se opera como el despacho de abogados del partido en el poder. La soberanía no se defiende protegiendo a los aliados mediante la exigencia de pruebas que, de forma rutinaria y legal, se le niegan a los mexicanos que padecen la prisión preventiva oficiosa. La verdadera justicia es ciega; la de hoy, lamentablemente, lleva puestos los lentes del partidismo.
