Toluca, Méx.— Como parte de la aprobación del Paquete Fiscal 2026, la LXII Legislatura del Estado de México autorizó a los municipios gestionar y contratar uno o varios financiamientos a tasa fija, sin exceder el 25 por ciento anual de los recursos que les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), con el objetivo de fortalecer la inversión pública productiva y atender rezagos en comunidades de alta marginación.
De acuerdo con el decreto aprobado, cada municipio podrá contratar financiamiento por un monto máximo previamente establecido. En este esquema, Ecatepec es la demarcación con mayor capacidad de endeudamiento, al poder solicitar hasta 204 millones 601 mil 756 pesos, lo que la coloca como el municipio con el tope más alto de crédito autorizado.
El Congreso mexiquense estableció que los recursos derivados de estos financiamientos deberán destinarse exclusivamente a obras y acciones sociales básicas, entre ellas:
agua potable drenaje y alcantarillado electrificación infraestructura educativa mejoramiento de infraestructura de salud obras comunitarias en zonas de pobreza extrema
El planteamiento legislativo tiene como finalidad impulsar proyectos de infraestructura que impacten directamente en la calidad de vida de la población que habita en localidades con alto o muy alto rezago social, bajo criterios de sostenibilidad financiera y responsabilidad presupuestal.
El decreto precisa que los ayuntamientos interesados deberán contar previamente con la autorización expresa del cabildo para contratar los financiamientos y afectar el FAIS como fuente de pago. Posteriormente, la Legislatura estatal analizará cada solicitud para verificar:
capacidad de pago del municipio destino específico de los recursos viabilidad financiera del crédito
Asimismo, se establece que los financiamientos deberán liquidarse en su totalidad en un plazo máximo de 730 días naturales, sin rebasar el periodo constitucional del gobierno municipal que los contrate. Por ello, podrán suscribirse durante los ejercicios fiscales 2025 y 2026, pero deberán quedar pagados antes del 30 de noviembre de 2027.
La medida fue presentada como una herramienta para ordenar y transparentar el acceso al financiamiento municipal, priorizando la obra pública con impacto social y la atención de comunidades en condición de vulnerabilidad.
