El Pregón MX

CODHEM va contra 80 bandos municipales; pone la lupa en Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Coyotepec, Nicolás Romero, Melchor Ocampo y Tepotzotlán

Toluca, Méx.- Lo que en papel se vende como reglas de orden en varios municipios del Estado de México, para la CODHEM podría convertirse en un problema serio de derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos mexiquense promovió 80 acciones de inconstitucionalidad contra bandos municipales de 2026, al detectar artículos que podrían abrir la puerta a sanciones arbitrarias, multas excesivas e incluso disposiciones que rebasan las facultades de los ayuntamientos.

Entre los municipios señalados destacan Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Coyotepec, Nicolás Romero, Melchor Ocampo y Tepotzotlán, demarcaciones donde los bandos también quedaron bajo observación tras la revisión jurídica hecha por el organismo.

La CODHEM explicó que encontró normas que afectan el derecho a la seguridad jurídica, el principio de legalidad y derechos de niñas, niños y adolescentes. En pocas palabras: había reglas poco claras sobre cómo castigar ciertas faltas, sin fijar criterios básicos como la gravedad de la conducta, la reincidencia o la situación económica de la persona sancionada.

Pero ahí no paró el asunto. También se detectaron disposiciones municipales que meten mano en temas que corresponden al ámbito penal, como maltrato animal, discriminación, daños al medio ambiente, quebrantamiento de sellos, disparo de arma de fuego, trata de personas y otras conductas que no tendrían que resolverse desde un bando local.

Otro de los focos rojos fue la posibilidad de privar de la libertad a menores de edad en el ámbito de la justicia cívica, algo que, advirtió la CODHEM, choca de frente con la Constitución y con el principio del interés superior de la infancia.

El organismo sostuvo que el orden público no puede construirse brincándose los derechos humanos. Por eso llevó el caso ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, con el argumento de que ningún municipio, sea grande o pequeño, puede sancionar fuera de la ley ni revivir disposiciones que incluso ya habían sido invalidadas por la Suprema Corte.

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