Toluca, Estado de México, 27 de octubre de 2025 – La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense aprobó por unanimidad la iniciativa del diputado Octavio Martínez Vargas (Morena) para tipificar y sancionar el fraude conocido como “montachoques”, modalidad en la que los responsables provocan accidentes de tránsito para obtener un beneficio económico indebido mediante amenazas o engaños.
El dictamen establece hasta 12 años de prisión y 1,500 días de multa por este delito, con agravantes que duplican la pena en caso de que se cometa contra personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres o personas en situación de vulnerabilidad, alcanzando 24 años de cárcel y 3,000 días de multa.
Durante la reunión, presidida por la legisladora Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), Martínez Vargas destacó la urgencia de tipificar este delito, señalando que en Ecatepec se registran hasta 15 extorsiones de este tipo diariamente, con una rentabilidad promedio de 10 mil pesos por percance. Añadió que esta práctica surgió en Ecatepec, se expandió a municipios cercanos y llegó incluso a la Ciudad de México, y que el Estado de México será la primera entidad en legislar al respecto.
El diputado recordó que la iniciativa coincide con una propuesta similar ingresada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, impulsada por Emilio Manzanilla Téllez (PT), que busca sancionar el fraude por colisión vehicular con hasta ocho años de prisión.
En otro punto de su intervención, Martínez Vargas cuestionó el desempeño del titular de la FGJEM, José Luis Cervantes Martínez, ante los recientes bloqueos de transportistas de agua en protesta por el aseguramiento de 322 pipas y 189 inmuebles presuntamente vinculados con la extracción y venta ilegal de agua en 48 municipios. Señaló que no se han detenido ni procesado a los principales responsables, lo que ha generado problemas de suministro en reclusorios, hospitales, escuelas, mercados y empresas.
Con esta aprobación, el Estado de México se convierte en pionero en sancionar el fraude de “montachoques”, reforzando la protección de las personas y la seguridad vial.
