Toluca, México, 26 de septiembre de 2025.– La LXII Legislatura del Estado de México recibió la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para establecer la certificación verde, un reconocimiento que se otorgará a dependencias públicas, empresas privadas, instituciones sociales y municipios que, de manera voluntaria, adopten prácticas sostenibles más allá de los requisitos legales.
Al dar lectura a la propuesta en tribuna, el diputado Mariano Camacho San Martín (PRI) señaló que esta iniciativa impulsa la responsabilidad social y ambiental de las organizaciones, además de mejorar la relación entre las empresas, el gobierno y la comunidad.
La propuesta plantea incorporar al Código para la Biodiversidad estatal un esquema de autorregulación y auditoría ambiental que promueva procesos productivos y de servicios sustentables, eficientes y apegados a la normatividad vigente. Asimismo, se busca fomentar la adopción de tecnologías limpias, el cumplimiento de estándares internacionales y la aplicación de buenas prácticas.
Las unidades económicas, instituciones y municipios interesados podrán solicitar voluntariamente su inclusión en un programa de auditoría ambiental, comprometiéndose a implementar medidas preventivas y correctivas que eleven su desempeño ambiental. En este marco, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Procuraduría de Protección al Ambiente estatal serán responsables de concertar acciones con los sectores productivos, establecer normas más estrictas que las oficiales, promover patrones de consumo sostenibles y verificar el cumplimiento de la normatividad.
De aprobarse, la certificación verde permitirá que las organizaciones participantes sean reconocidas por su compromiso ambiental, contribuyendo a un desarrollo sostenible que proteja los recursos naturales y refuerce la confianza ciudadana en los procesos productivos.
Con ello, el Congreso mexiquense abre la discusión hacia un modelo de gestión ambiental que incentive a las instituciones públicas y privadas a superar los estándares mínimos de ley en beneficio del medio ambiente y de la sociedad.
