A treinta y un días del traspaso de mando, Colombia asiste a un espectáculo inédito: un presidente saliente que no solo desconoce la legitimidad de su sucesor, sino que ha convertido la negación de la derrota en el eje central de sus últimas semanas de gobierno. Gustavo Petro no transita hacia la salida; cavó una trinchera y desde allí arenga a sus seguidores, convoca movilizaciones y anuncia demandas, mientras el país observa con una mezcla de estupor y cansancio.
La escalada de los últimos días no tiene precedentes en la historia reciente de Colombia. Este lunes, Petro publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en el que sentenció: «No reconozco la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones». La afirmación no es una declaración menor: es el rechazo frontal al veredicto de las urnas, ratificado por el Consejo Nacional Electoral con un margen oficial de 251.854 votos a favor de Abelardo de la Espriella. No es la primera vez que Petro cuestiona los comicios, pero sí la primera en que lo hace con semejante contundencia y sin el menor atisbo de autocrítica.
La tesis del presidente saliente ha ido mutando y endureciéndose con el paso de los días. Lo que comenzó como una comparación forzada con el caso de Rumania —donde un tribunal anuló unas elecciones por injerencia extranjera probada— se ha transformado en una denuncia de fraude algorítmico con tintes de conspiración global. Según Petro, los resultados fueron manipulados desde un servidor con dirección IP en Los Ángeles, California, propiedad de los hermanos Bautista, dueños del software privado utilizado en los comicios. Añade que una empresa israelí de inteligencia privada llamada BlackCube suministró «algoritmos viciados» y que una firma de lobby pagó millones para limpiar la imagen de De la Espriella y convencer a Donald Trump de apoyarlo. La narrativa es tan elaborada como frágil: no hay una sola prueba que la sustente, y las misiones de observación electoral, incluyendo la de la OEA, felicitaron a la Registraduría por la organización de los comicios.
Pero Petro no se queda en la denuncia. Ha pasado a la acción. El domingo anunció que adelantará su salida del poder al 20 de julio, renunciando a la tradición de asistir a la posesión de su sucesor el 7 de agosto. Ese mismo día, Día de la Independencia, ha convocado a una «movilización general para gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales». El desfile militar, tradición de cada 20 de julio, se trasladará a las localidades populares de Bosa y Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, donde Petro espera congregar a sus seguidores para escuchar su discurso de despedida.
La convocatoria no es un gesto simbólico inocuo. Petro la ha enmarcado en términos de «independencia nacional» y ha señalado que «las mayorías nacionales quedan convocadas este 20 de julio a dar el grito de la independencia nacional en todas las plazas públicas». La pregunta que flota en el ambiente es incómoda y necesaria: ¿independencia de qué o de quién? ¿Del pueblo que votó mayoritariamente por un cambio de rumbo? ¿De las instituciones que le dieron el poder y ahora se lo retiran legítimamente?
El escenario se vuelve más tenso con el cruce de acusaciones entre ambos bandos. El líder del equipo de transición del gobierno entrante, Carlos Alonso Lucio, ha sido claro: Petro «debe ser juzgado». Lucio, que como Petro militó en el M-19 antes de virar hacia el conservadurismo cristiano, sostiene que «el cambio de época que estamos viviendo tiene que tener un límite con la impunidad». El equipo de De la Espriella, conocido como el «Arca de Noé», comenzó a prepararse siete meses antes de las elecciones ante la previsión de que no habría coordinación con el gobierno saliente. La profecía se ha cumplido: Petro y De la Espriella han descartado reunirse personalmente durante el empalme, un hecho inédito en la política reciente del país.
Por su parte, Petro ha respondido con una amenaza legal: presentará demandas por calumnia e injuria contra quienes, según él, difamen a él, a su familia o al progresismo. También denunció presuntos actos de hostigamiento contra sus padres por parte de seguidores del presidente electo. La guerra jurídica ya está en marcha: el exmagistrado Luis Guillermo Pérez, inhabilitado por 12 años para ejercer cargos públicos, radicará una demanda de nulidad contra la elección de De la Espriella con el propósito de impedir su posesión.
La contradicción del presidente saliente no podría ser más evidente. Mientras denuncia injerencia extranjera en Colombia, el pasado viernes sostuvo una conversación telefónica con Donald Trump para solicitarle colaboración en el programa de sustitución de cultivos ilícitos y, de paso, para que Trump «hiciera lo mejor» posible para sacarlo de la lista de sancionados de la OFAC. El mismo hombre que acusa a Trump de haber intervenido en las elecciones colombianas le pide ahora favores al magnate neoyorquino. La disonancia cognitiva es tan brutal que roza el absurdo.
Mientras el presidente se enreda en sus propias contradicciones y alimenta una narrativa de fraude sin pruebas, la seguridad nacional sigue su curso. El Clan del Golfo, la estructura armada ilegal más grande del país, duplicó su presencia en municipios y aumentó un 140% su pie de fuerza entre 2022 y 2025. Con casi 10.000 integrantes, negocia su desmovilización en el momento de mayor expansión de su historia. La política de «Paz Total», bandera del gobierno Petro, no ha logrado desmantelar a los grupos ilegales; les ha dado oxígeno para crecer. Mientras el presidente persigue fantasmas injerencistas en el extranjero, el enemigo real se toma la geografía nacional.
La estrategia de Petro sigue el libreto de Donald Trump en 2020 y de Jair Bolsonaro en 2022: negar una elección aduciendo fraude para deslegitimar al gobierno entrante. Es un camino transitado por otros líderes populistas, y en todos los casos el desenlace ha sido el mismo: la democracia sale debilitada y la confianza ciudadana en las instituciones se erosiona. Colombia no es una excepción.
El 20 de julio, Petro dirá su último discurso como jefe de Estado. No será en el Congreso, ni en la Plaza de Bolívar, sino en el sur de Bogotá, rodeado de los suyos, en un acto que pretende ser a la vez despedida y arenga. Será el cierre de un ciclo político que comenzó con esperanza para muchos y que termina con un presidente que, derrotado en las urnas, se niega a reconocer la voluntad popular.
La historia juzgará a Gustavo Petro no por sus reformas ni por sus discursos, sino por cómo decide cerrar su mandato. Por ahora, el espectáculo es preocupante: un presidente que ve algoritmos donde hay votos, que invoca conspiraciones globales para negar la realidad nacional, y que mientras tanto deja que el Clan del Golfo se tome el país. Esa no es la estatura de un estadista. Es el reflejo de una derrota que, por más que se niegue, ya es irreversible.
