2018: la alternancia desde abajo.
El fin del Desarrollo Estabilizador fue acompañado de un proceso gradual de reforma política a partir de mecanismos electorales de inclusión que sirvieron años más adelante a las élites económicas para sostener la política neoliberal dentro del sistema electoral mediante el régimen de alternancias partidistas pactado en 1996.
El modelo neoliberal centrado en la precarización del trabajo a través de una política salarial restrictiva, desinversión en lo público, privatización de activos estatales y ventajas fiscales para las élites acosta de los derechos sociales de las mayorías dio como resultado que 9 de cada 10 mexicanos hoy vivan en pobreza por al menos alguna carencia social. Las enormes brechas de desigualdad, marginación y rezago no solo erosionaron la base social priista y panista, sino que debilitó todo el diseño institucional estatal que hizo posible sostener dicho modelo por más de cuatro décadas. El Pacto por México es un último ensayo de las élites por blindar el formato privatizador ante el avance del respaldo popular de AMLO entre los electorados más precarizados y empobrecidos del país.
El Poder Judicial quedó así dispuesto por las élites neoliberales como un bastión de resistencia al obradorismo: desecha iniciativas ejecutivas y confronta políticamente al Poder Ejecutivo extralimitando sus competencias constitucionales, desgastado sus niveles de confianza ciudadana: 2 de cada 3 mexicanos desconfían de jueces y magistrados y ministros porque son vistos como parte de un sistema de impunidad estructurada que deja sin justicia a 9 de cada 10 víctimas de un delito y, sobre todo, como un sistema de privilegios donde el acceso a un juicio justo es opaco por tener un precio monetario, lo que en los hechos, termina por criminalizar a los más pobres: indígenas, mujeres e infancias.
2025: el punto de inflexión política del sistema electoral.
La agenda de transformaciones fue dispuesta por AMLO al final de su gobierno como plataforma electoral nombradoPlan C y como paquete legislativo de Morena, con reforma judicial incluida. El Congreso aprueba de inmediato la elección de jueces, magistrados y ministros a través de listados cerrados no bloqueados y una mecánica de sufragio sofisticada para el votante mediano.
Y aún con lo complejo de la reforma, el votante entendió el sentido político de la elección judicial. Más del 60% respalda la elección y sus resultados, pero solo 12,5% participó. ¿A qué se debe la diferencia? A la complejidad precisamente del voto por listados. Es otra práctica electoral y de ahí el significativo porcentaje de votos nulos. Menos de la mitad de las personas que votaron se sintió muy bien o bien informada sobre candidaturas y mecánica de votación, lo que cala directo en nuestro formato restrictivo de comunicación política centrado en spots institucionales, es decir, un formato poco útil para informar sobre temas nuevos a grandes audiencias.
Un dato duro interesante es que 64% de los votantes son votantes cívicos y acudieron a la urna para respaldar el orden democrático del país, sólo 22% votaron de modo ideológico convencidos de la transformación per se del Poder Judicial y solo 6% votó con información suficiente sobre al menos una candidatura. Nuevamente, el diseño del sistema electoral parece ser el factor limitativo de la participación, lo que no significa que el votante desconfié del INE pero si manifiesta que la organización no fue adecuada. Y el 57,4% de los votantes tienen razón. El formato organizacional no fue hecho para elecciones extraordinarias de carácter plebiscitario; de ahí que tengamos en Durango o Veracruz un mayor número de votos en las elecciones de ayuntamientos que en la elección judicial en una misma sección. No podemos así realizar una consulta ciudadana con los supuestos logísticos y comunicacionales de una elección ordinaria constitucional. Por último, leer los votos nulos como un voto oculto de castigo, es no comprender los motivos del votante para respaldar un proyecto democrático centrado en los derechos y la dignidad de todas las personas; de ahí que la participación nacional ancle su fuerza en la identidad obradorista, unos 10 millones de votantes.
La reforma electoral que viene.
Al interior del partido en el gobierno hay dos visiones sobre la reforma electoral que parten de un mismo propósito: fortalecer el carácter mayoritario sobre la proporcionalidad de nuestro sistema electoral mixto eliminando los listados mediante primeras minorías votadas directamente en distritos uninominales. La idea obradorista es más transitable que la propuestas de eliminar o reducir el número de plurinominales pero conservando los listados cerrados bloqueados por circunscripción electoral.
La reforma electoral que viene debe ser amplia. Rediseñar el INE, revisar el sistema de medios de impugnación y justicia electoral, completar la centralización nacional eliminado a los OPLES que solo generan redundancias, desregular el debate público en redes sociales y abrir el formato de comunicación política en medios tradicionales pero sin dejar entrar a los grandes dineros en la conversación electoral, consolidar el financiamiento público ordinario sobre la votación obtenida en las elecciones legislativas y ya no sobre empadronados, simplificar la fiscalización de partidos, procesos internos y campañas electorales así como incluir listados abiertos no bloqueados en las elecciones de ayuntamientos, estimular la formación democrática directa para mejorar los ejercicios de consulta y plebiscito, es decir, continuar con la democratización del país en un clima político marcado por la agenda bilateral con los Estados Unidos.
