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Firman convenio Consejería Jurídica del Estado de México y Ayuntamiento de Zinacantepec para fortalecer legalidad en verificaciones administrativas

Zinacantepec, Estado de México, 9 de junio de 2025.– Con el objetivo de reforzar la transparencia, combatir la corrupción y garantizar la legalidad en las verificaciones administrativas, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Zinacantepec firmaron un convenio de coordinación.

El acuerdo busca que las unidades económicas del municipio operen bajo estándares de legalidad, seguridad e higiene, mediante la implementación de operativos conjuntos y la capacitación del personal municipal involucrado en tareas de verificación.

Durante el acto protocolario, el Consejero Jurídico del Estado de México, Jesús George Zamora, subrayó que esta iniciativa se enmarca en la política de legalidad impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez. “A partir de ahora, estaremos realizando visitas conjuntas a las unidades económicas. Esta alianza representa un frente común para combatir la corrupción y garantizar prácticas administrativas limpias y responsables”, afirmó.

Como parte del convenio, el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex) capacitará a servidores públicos municipales y les entregará gafetes oficiales, con el propósito de acreditar legalmente su actuación y asegurar procedimientos profesionales y transparentes.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, destacó que estos operativos se realizarán en áreas estratégicas como desarrollo económico, medio ambiente, movilidad, protección civil, agua y salubridad, beneficiando directamente a la población del municipio.

“Queremos dejar un precedente de honestidad y eficacia, alineado con los principios de la Cuarta Transformación. Esta alianza fortalecerá nuestras acciones y garantizará a la ciudadanía una administración municipal más cercana, justa y transparente”, señaló.

Con esta colaboración interinstitucional, Zinacantepec avanza hacia un modelo de gobernanza más confiable, en el que el cumplimiento de la ley y la mejora en los servicios públicos son prioridad para el bienestar colectivo.

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