El segundo mandato de Romina Contreras como alcaldesa de Huixquilucan comenzó con cifras alarmantes en materia de inseguridad. Durante enero de 2025, se abrieron 404 carpetas de investigación por diversos delitos cometidos en el municipio, lo que representa el inicio de año más violento bajo su gestión, y el segundo peor en los casi diez años que la familia Vargas-Contreras ha gobernado la demarcación.
Los datos provienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y reflejan un repunte en los delitos denunciados. En comparación, en enero de 2024 se registraron 382 denuncias, y en el mismo mes de 2023 fueron 344. Solo enero de 2022, primer mes de Romina Contreras como presidenta municipal, superó este número.
La situación resulta aún más preocupante si se considera la población actual de Huixquilucan, estimada en 284 mil 965 habitantes por el INEGI. Con base en esta cifra, el Observatorio Nacional Ciudadano calculó una tasa de 132.40 delitos mensuales por cada 100 mil personas, lo que coloca al municipio en la mitad más peligrosa del Estado de México.
Entre los delitos más comunes denunciados en enero pasado destacan las lesiones derivadas de peleas, violencia familiar, asaltos, y robos tanto de vehículos como a negocios.
Paradójicamente, este repunte delictivo ocurre mientras la administración municipal insiste en promover una narrativa de supuestos avances en materia de seguridad. La continuidad en el mando de Luis Alarcón como director de Seguridad Pública, lejos de generar estabilidad, parece no haber contenido la creciente incidencia criminal.
Las familias de Huixquilucan comienzan a cuestionar los resultados de una gestión que presume logros en seguridad, mientras las cifras oficiales muestran una realidad cada vez más preocupante.
