Senadores del PRI denuncian ante el INE una operación ilegal de afiliación forzada promovida por el partido oficialista en escuelas y dependencias públicas.
Ciudad de México.– El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, encabezado por el senador Manuel Añorve Baños, denunció un presunto fraude masivo cometido por MORENA en su intento por engrosar artificialmente su padrón de militantes, mediante tácticas de coacción, engaño y uso indebido de espacios públicos.
En conferencia de prensa en la Cámara Alta, la senadora Cristina Ruiz Sandoval presentó pruebas documentales que, según dijo, ya están en poder del Instituto Nacional Electoral (INE), las cuales evidencian una operación sistemática en diversas entidades, especialmente en el Estado de México, para afiliar a ciudadanos bajo presión o engaño.
“Ponemos a disposición de los medios de comunicación estas pruebas. La gravedad de los hechos no permite silencio ni omisión: si el INE no actúa con firmeza, será cómplice de esta burla a la democracia”, advirtió la legisladora mexiquense.
De acuerdo con los senadores priistas, la estrategia de afiliación ilegal incluye la participación de maestros que, a través de mensajes enviados a padres de familia, los convocan a eventos escolares —como firmas de boletas o festivales— y, una vez en el lugar, se les invita a unirse a MORENA con la promesa de acceder a programas sociales. Aunque se aclara que la afiliación es “voluntaria”, se aprovecha la necesidad económica de las familias para condicionar su respaldo político.
“Es una práctica antidemocrática y éticamente reprobable. Se está utilizando la educación pública con fines partidistas, lo cual vulnera la equidad del proceso democrático y corrompe la función educativa”, agregó Ruiz Sandoval.
La denuncia también incluye casos de afiliación forzada de servidores públicos, quienes estarían siendo presionados para inscribirse a las filas de MORENA como parte de una estrategia nacional para alcanzar la meta de 10 millones de militantes.
El GPPRI presentó una queja formal ante el INE, exigiendo una investigación inmediata y sanciones ejemplares para quienes resulten responsables. “Estamos ante una violación flagrante a la Constitución, a los derechos humanos y a las leyes electorales y penales. No se puede permitir que la necesidad de la gente se utilice como herramienta política”, sentenció Ruiz.
