Toluca, Méx.— Con el argumento de cerrar vacíos legales y fortalecer la credibilidad del sistema de justicia, el diputado local Octavio Martínez Vargas (morena) propuso reformar el Código Penal del Estado de México para agravar las penas por abogacía fraudulenta y sancionar con hasta cinco años de prisión a quienes incurran en actos simulados o fraudulentos durante el ejercicio profesional.
La iniciativa plantea ampliar los supuestos del delito cometido por abogadas y abogados, patronos, litigantes, defensores y asesores jurídicos que vulneren la correcta impartición de justicia mediante prácticas desleales o engañosas.
Endurecen castigos por simulaciones y pruebas falsas
De acuerdo con la propuesta, se impondrían penas de dos a cinco años de prisión, multas de 100 a 500 días y la suspensión para ejercer hasta por tres años —con inhabilitación definitiva en caso de reincidencia— a quienes aconsejen a sus clientes presentar testimonios o documentos falsos.
También serían sancionadas las y los profesionistas que soliciten plazos para probar hechos notoriamente improcedentes; oculten, sustraigan o destruyan expedientes judiciales; simulen actos jurídicos o alteren pruebas con el fin de obtener resoluciones contrarias a la ley; o promuevan recursos e incidentes que retrasen de manera ilegal los procesos.
El legislador advirtió que actualmente la legislación estatal presenta lagunas para castigar conductas que falsean la realidad ante los tribunales, lo que puede propiciar impunidad y afectar la confianza en la abogacía y en el propio sistema judicial.
No busca criminalizar, sino dignificar la profesión
En tribuna, el diputado señaló que el objetivo no es criminalizar la labor jurídica, sino proteger el ejercicio ético de la profesión frente a la competencia desleal de quienes obtienen ventajas ilegítimas al margen de los principios y valores que rigen la función.
Actualmente, el Código Penal estatal contempla sanciones de uno a tres años de prisión y multas de 50 a 700 días, así como suspensión profesional de seis meses a dos años, en casos como abandono de la defensa sin causa justificada o representación de partes con intereses opuestos. La propuesta mantendría estos supuestos y añadiría nuevas conductas específicas.
Finalmente, el legislador subrayó la necesidad de tipificar la fabricación de delitos, al estimar que alrededor del 25 % de las personas privadas de la libertad recibieron una defensa inadecuada, por lo que consideró urgente fortalecer el marco legal para garantizar una justicia más transparente y profesional en el Estado de México.
