Autoridades buscan frenar prácticas coercitivas impuestas por grupos criminales que obligan a comerciantes a pagar cuotas, fijan precios abusivos y controlan insumos bajo esquemas extorsivos.
Ciudad de México.- En el marco de la iniciativa legal y operativa para combatir la extorsión, impulsada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y en la que participa el Gabinete Nacional de Seguridad, y como resultado de las directrices emanadas de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en el Estado de México, que encabeza la Gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, el Fiscal General del Estado de México, informo que:
El pasado lunes 21 de julio, en estrecha coordinación con las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad Nacional, DEFENSA, MARINA, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia y por parte del Estado de México, Secretaría de Seguridad y Fiscalía, dieron inicio a la Operación Liberación, acción con el propósito de intervenir y desarticular los entramados criminales relacionados con las prácticas extorsivas con particular enfoque en el Sur del Estado de México.
En seguimiento a denuncias formales y en fuentes abiertas sobre actividades delictivas de acaparamiento sobreprecio y extorsión entre otras, desde hace SEIS MESES la Fiscalía inicio la integración de expedientes de investigación con el fin de identificar y combatir los entramados criminales que participan.
Derivado de lo anterior, las investigaciones identificaron que prácticas extorsivas llevadas a cabo por un grupo delictivo con orígenes en Michoacán en 14 MUNICIPIOS, en los que preliminarmente se identificaron 63 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CONCENTRADORES del entramado criminal, en los cuales, se llevaron a cabo acciones operativas simultáneas.
Los municipios donde se llevó a cabo este despliegue permiten recuperar los precios en productos para casi un millón de mexiquenses que viven en: Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria, fue donde se llevaron a cabo estas acciones operativas.
En este contexto fueron solicitadas y cumplimentadas órdenes de aprehensión en contra de OCHO OBJETIVOS que consideramos RELEVANTES más que por actividades de sicariato u otras de delincuencia organizada, por su papel gerencial y de intermediación en las cadenas de suministro en la región, pero no por ello ajenos a los delitos de EXTORSIÓN Y SECUESTRO EXPRES.
Los ahora detenidos, están presuntamente relacionados con prácticas extorsivas en minas, comercializadoras, distribuidoras de materiales de construcción, ferreterías, criaderos de pollo, cerdo y otros semovientes, de huevo y cárnicos entre otras unidades económicas, así como transporte de carga y manipulación de paquetería, entre otros y eran parte fundamental de las estructuras de financiamiento de un grupo criminal con orígenes en Michoacán.
En efecto, se trataba de sujetos que con fachada de comerciantes, líderes sindicales o servidores públicos, convivían en el día a día en las comunidades, pero por otro lado también, algunos de ellos eran destacados empresarios de la comunidad a la que dañaban económicamente.
Eli “N”, dueño de una propiedad, es a su vez propietario de una casa de venta de materiales y almacén denominada “JIMEX”, ubicada en el municipio de Valle de Bravo, previo a su detención era la única persona autorizada por un grupo delictivo con orígenes en Michoacán para la distribución y venta de cemento y materiales de construcción en esa región del Estado de México. Es decir, nadie construía nada si el material no era comprado en su empresa al precio que él imponía y ello afectaba particularmente a la economía de Valle de Bravo.
Pero también se tiene acreditada su intervención en grado de probabilidad en delitos de extorsión y delito de secuestro con fines de extorsión
Gonzalo “N”, identificado como líder del Sindicato “Bradosva”, era el único autorizado para suministrar y distribuir materiales de construcción como arena, grava y varilla, y único autorizado para “mover” los materiales de esa mina y favorecer el “monopolio forzado” de Eli “N”.
El ahora detenido es indagado por el delito de extorsión agravada, ya que cuando algún particular o constructora independiente intentaban trasladar materiales de construcción en vehículos ajenos al Sindicato “Bradosva” exigía a los choferes y responsables fuertes sumas de dinero a cambio de no “quemar o tirar” su obra, incluso los llegó a privar de su libertad.
Las prácticas referidas robustecen la hipótesis del control que ejercían Eli “N” y Gonzalo “N” sobre la industria de la construcción en Valle de Bravo y municipios aledaños, así como el sometimiento a otros comerciantes y clientes con el apoyo que les daba el grupo criminal.
Alicia “N”, hasta antes de su detención tenía bajo su responsabilidad la contabilidad y operaciones financieras de establecimientos destinados a la venta de materiales pero en este caso en la región de Ixtapan de la Sal y municipios aledaños.
La investigada por el delito de extorsión agravada, obligaba a los clientes de los establecimientos a adquirir productos con incrementos del 20 por ciento y en caso de no acceder los amenazaba con que “los levantarían o hasta los matarían”.
Cabe señalar que Alicia “N” es pareja sentimental de otro de los detenidos identificado como Jorge “N” y prima de, también otra capturada identificada como Yareli “N”.
Jorge “N”, era líder de madererías en el municipio de Valle de Bravo, al igual que Eli “N” y Gonzalo “N”, en Valle de Bravo no se podía alquilar o vender un solo polín o tablas sin que fueran comercializados por Jorge “N”, esto incluía maderas finas para interiores de cabañas y fincas de la región.
Es investigado por el ilícito de extorsión agravada, ya que, en el mes de marzo de 2025, habría amenazado a un comerciante de madera, a quien al parecer le exigió 100 mil pesos para que pudiera continuar comercializando sus productos, además de que, a partir de ese momento, tendría que entregarle una cuota mensual de acuerdo a las ventas, además de que sólo podría comprarle la madera a él.
Yareli “N”, se desempeñaba como cuarta regidora municipal y al parecer laboraba para una organización delictiva con orígenes en Michoacán además de ser prima de Alicia “N”.
José Fernando “N”, es identificado como dueño de madererías ubicadas en la región de Ixtapan de la Sal. El probable implicado aumentaba el precio de la madera para entregar ese numerario a integrantes de un grupo delictivo y llevaba a cabo trabajo de logística por medio de operadores de servicio público taxi.
Antonio “N”, presunto integrante de un grupo delictivo y quien era encargado de la distribución y venta de carne en los municipios de Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán, mismo que a través de un establecimiento comercial ubicado en este municipio al parecer imponía a los clientes una suma económica de 5 pesos por cada kilogramo que pesaban las cabezas de ganado que llevaban.
Bernardo Alejandro “N” fue capturado en diversa acción operativa del martes 22 de julio, en colaboración con la Fiscalía de Quintana Roo. De acuerdo con las investigaciones, era el encargado, por parte de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán, de la venta de pollo a comerciantes del municipio de Ixtapan de la Sal.
Es investigado por el delito de extorsión agravada, hechos perpetrados el 13 de mayo de 2025, cuando habría amenazado al dueño de un negocio de venta de pollo, a quien le indicó que no podía negarse a comprar este producto con él, porque de lo contrario le causaría daño.
Se cuenta con información de que este grupo de individuos hoy detenidos, presuntamente formaban parte de estructuras de financiamiento de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, y que utilizaban prácticas extorsivas para controlar minas, comercializadoras y distribuidoras de materiales de construcción, ferreterías, criaderos de pollo, cerdo y otros semovientes, de huevo y cárnicos entre otras unidades económicas, así como transporte de mercancías y manipulación de paquetería.
Derivado de ello se solicitaron y ejecutaron 52 TÉCNICAS DE CATEO para 63 INMUEBLES. En ese sentido es importante resaltar la disponibilidad y sensibilidad de los juzgadores del Poder Judicial del Estado de México y de su presidente para lograr estos mandamientos judiciales.
En el caso de los inmuebles intervenidos en los que se confirme que están relacionados con la comisión de hechos delictivos susceptibles de extinción de dominio, se dará vista a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera.
Para controlar el sector de la construcción en la región del Sur de la entidad, la organización criminal disolvió las organizaciones de transportistas que operaban en la región y conformó organizaciones como el “Sindicato Libertad” y el “Sindicato Bradosva”, los cuales se encargan de la venta de material en los municipios de Villa de Allende, Donato Guerra, Valle de Bravo y Texcaltitlán, entre otros.
A través de ambas organizaciones, la estructura criminal obligaba a la población a adquirir productos y controlaba los precios de grava, arena, varilla, así como cemento, mortero, yeso y demás productos utilizados para el giro de construcción.
Con respecto al “Sindicato Bradosva”, su líder. Gonzalo “N”, ejercía control sobre los costos relacionados con la venta y el transporte de dichos productos.
Por otra parte, en el municipio de Valle de Bravo, los comerciantes eran obligados a adquirir materiales a través de dicha organización, así como las casas de materiales “Jimex”, propiedad de Eli “N”, así como “Construrama” y “Aceros Arriaga”, propiedad de otro sujeto quienes eran los únicos autorizados para la comercialización de dichos productos en la región desde hace varios años.
En los referidos establecimientos algunos productos de construcción alcanzaban sobreprecios de hasta un 400 por ciento, en relación al precio normal de mercado.
Presuntamente, “Jimex” extrae materiales de la mina “San Francisco”, en la comunidad de San Francisco Oxtotilpan ubicada en el municipio de Temascaltepec.
Quien adquiriera material en lugares no autorizados o utilizará servicios de transporte diferentes, era despojado de la mercancía, además los operadores de los vehículos de carga eran golpeados por integrantes del grupo delictivo.
Esta organización además operaba en el municipio de Texcaltitlán a través de la distribuidora “Tixca”, lugar en donde se comercializaba el producto de construcción que era trasladado desde el municipio de Valle de Bravo.
Respecto al establecimiento identificado como “Construrama”, resulta importante referir que la compañía que administra la franquicia determinó eliminar esa cadena comercial en los municipios vigilados por la Operación “Liberación”, por lo que los establecimientos que aún ostentan su nombre son presuntamente apócrifas.
El Sindicato Libertad operaba en los municipios de Villa de Allende y Donato Guerra. Quienes quisieran comprar algún material tenían que acudir a las oficinas del “Sindicato Libertad” ubicado en Donato Guerra en donde les entregaban un “vale” que era cambiado en lugares “autorizados” por la organización criminal.
Por lo que respecta a las minas “San Juan”, “Michoacana”, “Nieto” y “Velázquez” ubicadas en el municipio de Donato Guerra, fue posible establecer que en esto sitios también presuntamente forman parte de los esquemas extorsivos ya que era la única organización autorizada a entregar y transportar el material adquirido a través del “Sindicato Libertad”.
En Ixtapan de la Sal los integrantes de grupos delictivos operaban a través de la casa de materiales “Ávila” y “Omega” propiedades de Eli “N”, quien desde hace tiempo se encargaba de prestar unidades de transporte y lugares para almacenar material para el sindicado “Libertad” y ahora “Bradosva”.
En esta demarcación también era operado un establecimiento de materiales para construcción denominado “El Boulevard”, así como otros establecimientos como “Grupo Vulcano”, “Aceros Omega”, “Vidriería Liverpool”, y la maderería de “Santa María” con los que controlaban dicho mercado.
Este entramado criminal, tenía presencia además en los municipios de Malinalco a través de una casa de un “Construrama” y almacén “Malinalco” así como una casa de materiales para la construcción con razón social “Ferremateriales La Coyota”, en tanto que, en el municipio de Tenancingo, se encontraba la casa de materiales “Lobo”
Además, se tiene conocimiento que Yareli “N”, Alicia “N”, Jorge “N” y José Fernando “N”, aprovechando su relación familiar y/o de confianza, cumplían con la encomienda del grupo criminal de convocar a comerciantes de Ixtapan de la Sal, Tonático y municipios aledaños a alojarse en un conocido hotel de la zona donde les hablaban de “la importancia de estar alineados” con el grupo criminal y si posteriormente no obedecían lo que los ahora detenidos les imponían, los comerciantes eran privados de su libertad por grupos de personas que portaban armas de fuego.
En Temascaltepec, operaba un comercio con razón social “Casa Villa”, que presumiblemente utilizaba de manera apócrifa la denominación de “Construrama”
En Tejupilco, quienes deseaban adquirir material de construcción debían hacerlo a través de la Casa de materiales “Casa Villa”, la cual cuenta con varias sucursales.
Entre los inmuebles investigados que fueron asegurados se encuentra la carnicería “Don Celes” en el municipio de Texcaltitlán, donde Antonio “N”, los días martes habilitaba una báscula, para pesar ganado que se comercializaba en un mercado e imponía a los clientes una suma económica de 5 pesos por cada kilogramo.
De igual forma en un criadero de cerdos localizado en Temascaltepec, así como una carnicería en el municipio de Sultepec.
Las mismas prácticas extorsivas fueron aplicadas por el grupo criminal en municipios de la región norte de la entidad donde, a partir de contar con el control de unidades comerciales específicas, podían controlar la venta, distribución y costos de los diversos productos.
Lugares en los que se identificaron estas actividades ilícitas están San Felipe del Progreso a través de “Materiales Santa Cruz” y “Grupo Ferretero Macoll”, así como “Casa el Cerro”, “Grupo Coloso” y “Materiales Torrefuerte” en Villa Victoria y las casas de materiales “Franco Ordoñez” y “Mac” en Ixtlahuaca.
Por otra parte, las indagatorias de la Fiscalía también pudieron establecer que, en el municipio de Tejupilco, el grupo criminal obligó al cierre del rastro municipal y a unos metros de distancia estableció uno bajo su control y carente de cualquier permiso, en ese lugar, si bien no existía la venda directa de cárnicos, sí se identificó el cobro de cuotas con costos relevantes por el sacrificio de los animales y la reventa de los cárnicos.
El rastro referido se ubica en la zona conocida como “Lodo Prieto”.
Otra de las actividades que las investigaciones lograron identificar que, el grupo criminal llevaba a cabo para ejercer controles económicos sobre la población fue el establecer un centro de distribución de paquetería en el municipio de Tejupilco al que debía llegar todo paquete con destino a municipios de la zona sur de la entidad.
En ese lugar era interceptada toda la paquetería de empresas como Mercado Libre, Estafeta o Fedex, posteriormente eran revisados los productos y finalmente establecían un costo ilegal al destinatario para poder reclamar el producto, en caso de no pagarlo no le era entregado. En otros casos, si a los integrantes del grupo criminal les resultaba de interés el artículo, se quedaban con él.
Durante la diligencia de cateo, en este sitio fueron localizados más de 800 paquetes de los cuales se establecerán mecanismos para entregarlos a los legítimos propietarios.
Como parte de la Operación “Liberación” se llevará a cabo una acción inédita en el Estado de México, los bienes asegurados, por ser considerados que posiblemente son producto o utilizados con fines de extorsión serán distribuidos para la asistencia social, por la Secretaría de Bienestar del Estado de México, lo cual pueden atestiguar los medios de comunicación.
Este es un procedimiento jurídico que la Fiscalía mexiquense está realizando por primera vez en un periodo tan breve posterior al aseguramiento en coordinación con el Poder Judicial del Estado de México y el Gobierno estatal a través de la Secretaría de Bienestar.
Actualmente personal multidisciplinario cuantifica y clasifica los bienes asegurados que serán objeto de DISPOSICIÓN ANTICIPADA con autorización del juez de control en beneficio de la comunidad (semovientes, cárnicos, forrajes, cemento, varilla, etc)
