Se busca fortalecer la atención a este sector vulnerable ante el crecimiento proyectado de la población adulta mayor, que para 2030 podría alcanzar casi 3 millones de personas en la entidad
Toluca, Estado de México.— Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso mexiquense presentó una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada encargada de atender e investigar los delitos cometidos contra este sector de la población.
La propuesta fue presentada por la diputada Joanna Felipe Torres, quien, a nombre de su bancada y del coordinador parlamentario Pablo Fernández de Cevallos González, planteó la necesidad de establecer un órgano especializado que dirija, integre, coordine y supervise las investigaciones relacionadas con delitos contemplados en el Código Penal del Estado de México en perjuicio de adultos mayores.
La legisladora explicó que la Fiscalía Especializada tendría entre sus funciones el diseño e implementación de proyectos, estudios y programas permanentes orientados a fomentar la cultura de la denuncia y fortalecer la legalidad en materia de delitos contra este grupo poblacional.
Falta de atención especializada
Joanna Felipe Torres señaló que uno de los principales retos actuales es la falta de sensibilidad y capacitación especializada del personal encargado de atender estos casos.
Indicó que la iniciativa contempla que el personal adscrito reciba formación en derechos humanos, identificación de los distintos tipos de violencia contra adultos mayores, protocolos de actuación y atención integral.
“La realidad es que los ministerios públicos actuales no siempre cuentan con la sensibilidad ni la perspectiva necesaria para atender a personas que presentan limitaciones físicas, deterioro cognitivo o que dependen económicamente de su propio agresor”, puntualizó.
Crecimiento de la población adulta mayor
La diputada destacó que el envejecimiento poblacional representa uno de los principales desafíos sociales y gubernamentales en los próximos años, por lo que consideró indispensable implementar políticas públicas específicas para atender esta realidad.
De acuerdo con estimaciones, para el año 2030 el Estado de México podría registrar cerca de 3 millones de personas adultas mayores, lo que incrementa la necesidad de contar con mecanismos institucionales especializados para su protección.
Violencia y abandono, problemáticas persistentes
Aunque el Código Penal mexiquense establece sanciones contra delitos como lesiones y violencia familiar, la legisladora señaló que las personas adultas mayores continúan siendo víctimas de agresiones, abandono y maltrato, en muchos casos dentro del propio núcleo familiar.
Explicó que uno de los principales obstáculos para combatir estas conductas es la baja denuncia, derivada de factores como el miedo a represalias, la dependencia económica del agresor, la falta de conocimiento sobre las instancias a las que pueden acudir o las limitaciones físicas y cognitivas que enfrentan algunas víctimas.
“La creación de esta fiscalía no es un lujo administrativo, es una necesidad en materia de derechos humanos para centralizar y agilizar las investigaciones, evitando que las víctimas tengan que acudir a múltiples oficinas para buscar justicia”, subrayó.
Fortalecer acceso a la justicia
La iniciativa busca consolidar un modelo de atención que garantice mayor acceso a la justicia, atención integral y seguimiento oportuno a los casos, con el propósito de reducir la impunidad y brindar mayor protección a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad mexiquense.
La propuesta será analizada por las comisiones legislativas correspondientes para determinar su viabilidad y posible implementación dentro del sistema de procuración de justicia del Estado de México.
