Toluca, Méx., 16 de noviembre de 2025.– El cobro de derecho de piso se ha convertido en una de las amenazas más graves para el desarrollo económico y social del Estado de México, al afectar directamente a comerciantes, transportistas, trabajadores y a las familias que dependen de estas actividades. Ante esta situación, el Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa que busca combatir de manera frontal este delito y garantizar condiciones de seguridad para los sectores productivos.
El diputado Mariano Camacho San Martín expuso que la propuesta contempla la creación de una Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Extorsión en su modalidad de cobro de piso, la cual tendrá la responsabilidad de dirigir investigaciones, coordinar cuerpos policiales estatales y municipales, así como contar con personal y recursos propios para judicializar los casos y brindar protección efectiva a las víctimas.
Camacho subrayó que esta fiscalía tendrá como ejes centrales romper el círculo de impunidad, proteger a la ciudadanía y al sector empresarial, además de recuperar la tranquilidad y estabilidad económica en las comunidades mexiquenses. “Las acciones tienen el objetivo de garantizar resultados concretos y una atención digna, confidencial y efectiva”, afirmó el legislador.
La iniciativa también plantea la conformación de Unidades Policiales Especializadas de Investigación y Combate en cada municipio, capacitadas para recibir denuncias, realizar labores de inteligencia y operar bajo el mando directo del Ministerio Público. Estas unidades, explicó el diputado, fortalecerán la capacidad operativa del Estado para enfrentar este delito de manera especializada y coordinada.
Asimismo, la propuesta establece que el delito de cobro de piso se persiga de oficio, con lo cual las autoridades estarán obligadas a investigar y actuar incluso cuando la víctima no presente denuncia, garantizando así una respuesta más efectiva y sin riesgo para quienes temen represalias. También prevé la implementación de medidas de protección para las personas afectadas.
Camacho San Martín agregó que la creación de esta estructura especializada refrenda el compromiso del PRI con la justicia y el Estado de Derecho. “Sabemos el reto que implica, pero también estamos convencidos de que, con la fuerza de la sociedad y el compromiso de las autoridades, es posible recuperar la paz en nuestro Estado de México”, señaló.
De aprobarse, esta iniciativa representaría un punto de inflexión en la política estatal contra la extorsión, al establecer una estrategia integral que permita a comerciantes y familias desarrollar sus actividades sin miedo, impulsando el crecimiento económico local y devolviendo la confianza en las instituciones.
