Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México dio a conocer la publicación de la reforma al artículo 269 Bis del Código Penal estatal, una actualización legal impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que refuerza las sanciones por acoso sexual y obliga a servidores públicos a garantizar la recepción de denuncias sin revictimización.
La modificación fue difundida en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno mediante el Decreto Número 216, con el cual la entidad se alinea al Pacto Xicoténcatl, la iniciativa nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para homologar las leyes de protección a las mujeres y eliminar lagunas jurídicas en todo el país.
La reforma detalla que cualquier conducta de naturaleza sexual no consentida, realizada hacia una persona de cualquier sexo, será suficiente para configurar el delito, aun cuando se trate de un solo acto. También amplía el alcance de la protección a espacios públicos, vehículos de transporte de pasajeros, mercados, terminales y cualquier sitio donde una víctima pueda encontrarse en riesgo.
Entre los elementos más relevantes se establece que, si la conducta se repite o se comete aprovechando una situación de desventaja o indefensión, la pena aumentará hasta en una mitad. Asimismo, se incorpora una sanción de entre dos y seis años de prisión, además de multa y destitución del cargo, para cualquier servidor público que se niegue a recibir una denuncia por acoso sexual o intente persuadir a la víctima para no presentarla.
El texto legal también ordena que la interpretación del delito se realice con perspectiva de género y tomando en cuenta los contextos de vulnerabilidad de las víctimas, a fin de evitar prácticas discriminatorias o revictimizantes durante el proceso penal.
Con esta actualización normativa, el Estado de México se coloca entre las primeras entidades en armonizar su legislación para reforzar las acciones de combate al acoso sexual, promover la denuncia y garantizar atención con enfoque de derechos humanos, en línea con los compromisos asumidos por la actual administración estatal.
