Contratos del CEDIPIEM revelan compras sin evidencia pública de entrega.
Pide el PRI auditoría a programas de la Secretaría de Bienestar estatal para jóvenes e indígenas.
Opacidad, retrasos y uso discrecional de recursos son las características de la política social del actual gobierno morenista en el Estado de México, acusó la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Cristina Ruiz Sandoval.
En conferencia de prensa, la dirigente reveló que existen contratos del Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM) —dependiente de la Secretaría del Bienestar estatal— de los que no hay información pública sobre la entrega de bienes.
Uno de estos documentos registra la compra de equipos de cómputo, máquinas de coser y línea blanca por casi 17 millones de pesos, adquiridos a una empresa con apenas un año de creación, seleccionada en una licitación pública nacional en la que fue la única en comprar las bases. Hasta la fecha, dijo, no se sabe a quiénes se destinaron esos apoyos.
La misma situación ocurre con otro contrato por dos millones de pesos para instrumentos musicales y prendas de vestir para grupos indígenas, firmado a finales de 2024, así como con la adquisición de mil 50 tabletas electrónicas por 3.3 millones de pesos. En ninguno de los casos, aseguró, se ha informado sobre los beneficiarios.
“Es el tiempo en que nadie sabe en dónde ni a quiénes se está beneficiando con los miles de millones de pesos destinados al rubro social en este año”, señaló Ruiz Sandoval, quien recordó que el presupuesto estatal asignó 209 mil 444 millones de pesos al llamado eje de Bienestar Social, equivalente al 54 % del total.
La también senadora cuestionó además que, en lo que va de 2025, varios programas presenten retrasos en su aplicación y que no todos sean reportados ante el Congreso local. Según dijo, en la página oficial aparecen 14 programas sociales, pero solo se informan ocho a la Legislatura mexiquense.
Ante estas irregularidades, el PRI exigió una auditoría integral para todos los programas sociales con el fin de conocer el destino de los recursos y garantizar que lleguen a las familias que realmente los necesitan. Ruiz Sandoval adelantó que su bancada seguirá impulsando reformas para que estos apoyos sean un derecho constitucional, con reglas claras y transparencia en su ejecución.
