Toluca, Méx., 25 de febrero de 2026.— El acoso, el hostigamiento, la discriminación o cualquier tipo de agresión en el ámbito laboral no deben minimizarse ni normalizarse, ya que generan afectaciones profundas en la vida de quienes las padecen, advirtió Karen Ávila Flores, directora de Promoción y Capacitación en Asuntos de la Mujer y de Igualdad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Durante una videoconferencia dirigida al personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), la especialista subrayó que la violencia laboral puede provocar depresión, aislamiento, estrés e incluso limitar el libre desarrollo de la personalidad y el acceso a mejores oportunidades de empleo.
Explicó que la violencia en el trabajo no se reduce a agresiones físicas, sino que incluye conductas como obstaculizar derechos reproductivos, discriminar por género, edad, origen étnico, orientación sexual o condición de salud, así como negar ascensos, excluir de proyectos estratégicos, cuestionar la capacidad profesional o invisibilizar los méritos de una persona.
Ávila Flores puntualizó que estas prácticas pueden manifestarse como un solo evento grave o como una serie de actos acumulativos que dañan la autoestima, la salud, la integridad, la libertad o la seguridad de la víctima. Además, aclaró que no siempre dependen de una relación jerárquica, pues también pueden ejercerse entre personas del mismo nivel o desde distintas posiciones de poder.
Ante este panorama, señaló que tanto instituciones públicas como empresas privadas deben establecer acciones preventivas y contar con mecanismos claros de denuncia y atención. “Evitar la violencia laboral va más allá del autocuidado; no es responsabilidad exclusiva de la víctima poner límites, sino que es una obligación institucional garantizar condiciones dignas para que todas las personas tengan un trabajo libre de violencia”, enfatizó.
Finalmente, sostuvo que el Estado no puede asumir una postura neutral o pasiva frente a esta problemática. Consideró indispensable impulsar políticas públicas que aseguren el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como brindar atención psicológica, legal, especializada y gratuita a quienes la enfrentan.
“No basta con investigar; también debemos acompañar a quien vive o está viviendo esta violencia”, concluyó.
