Para México, ninguna relación bilateral es más importante ni más compleja que la que tiene con los Estados Unidos, con quien nos une frontera, historia y una alianza que, a pesar de muchas desavenencias, ha sido positiva. Una relación que hoy está dominada por la seguridad, pero que es difícil caracterizar. Las redes criminales que operan en ambos lados de la frontera se han convertido en una amenaza hemisférica y, para desarticularlas, la participación institucional de México es indispensable. Solo que, ante los ojos de Estados Unidos, las instituciones mexicanas sirven al crimen. A pesar de ello, la Dra. Sheinbaum ha mostrado cierta disposición a colaborar.
Sin embargo, la presión ejercida por la administración Trump quita al gobierno mexicano margen de maniobra. Entre otras acciones, Trump nombró a seis cárteles como organizaciones criminales terroristas (OCT), retiró la visa a funcionarios públicos vinculados a Morena, intensificó la persecución de la migración, declaró la frontera como zona de emergencia, impuso aranceles de 25% a las importaciones mexicanas y supeditó cualquier tema, incluyendo la renegociación comercial, a la obtención de “resultados tangibles en seguridad”.
La relación entró en una nueva dinámica a partir del fallecimiento de dos agentes de la CIA en un accidente en Chihuahua ocurrido en abril, y después de un operativo de la Fiscalía estatal. Este desafortunado hecho precedió a una acusación por parte del Departamento de Justicia y la DEA en contra del gobernador de Sinaloa por narcotráfico. En nuestro país, ambos hechos se han fundido en una narrativa de confrontación que enturbia aún más la interacción con el vecino.
Para entender la magnitud de lo que ocurre, empiezo por revisar la trayectoria de la cooperación bilateral en seguridad durante el presente siglo.
En 2003, la AFI y la DEA realizaron la Operación Águilas Unidas para desarticular a los Arellano Félix en Tijuana. El operativo incluyó el entrenamiento y aislamiento de los oficiales mexicanos en territorio estadounidense, para realizar la captura de los objetivos en territorio nacional. Fue una operación exitosa, pensada para no violar la soberanía mexicana, tema que siempre ha despertado sensibilidades.
Al cierre de su administración, George W. Bush promovió la Iniciativa Mérida. El acuerdo fue aceptado por el Congreso de EE. UU. en junio de 2008, y fue el marco de cooperación bilateral en seguridad hasta 2021. Inicialmente, su objetivo fue fortalecer el equipamiento y la capacitación de las policías mexicanas, sin procurar directamente fondos al gobierno mexicano. En los hechos, si bien contribuyó a mejorar las capacidades policiales, los casi 3.3 billones de dólares destinados al programa no tuvieron impacto en la reducción ni de los índices delictivos ni del consumo de drogas.
El operativo Cisne Negro llevó a la captura de “El Chapo” Guzmán en febrero de 2016, y se convirtió en un modelo a seguir. Basado en una labor de búsqueda paciente, fue conducido directamente por fuerzas especiales de la Armada, que contaron específicamente con apoyo técnico y de inteligencia por parte de Estados Unidos.
En 2021, la administración Biden impulsó el Marco Bicentenario para la Seguridad, la Salud Pública y Comunidades Seguras, programa con un enfoque distinto al de su antecesor, centrado en combatir las causas de la violencia, abandonando la visión centrista del combate a las drogas. Su agenda es ambiciosa, abarcando salud pública, prevención, reducción de homicidios, aseguramiento de rutas terrestres y fronterizas, fortalecimiento institucional, y la interrupción de las cadenas de producción, distribución y financiamiento de las OCT, incluyendo el tráfico de armas y personas.
Poco ha logrado este acuerdo. La última reunión de alto nivel para revisar sus avances fue en 2023, y su financiamiento ha ido a la baja. Entre 2015 y 2021 el promedio destinado a estos mecanismos fue de 100 millones anuales, en 2022 bajó a 64 millones y en 2023, último dato disponible, llegó a 48 millones. Asimismo, la percepción de Washington sobre la falta de disposición por parte del expresidente López Obrador redujo aún más el potencial del programa.
En conclusión, los esquemas de cooperación ya estaban lastimados antes de iniciar el segundo mandato de Trump y hoy, la actitud hacia los mismos en ambos lados de la frontera es de escepticismo. Ejemplo de ello fue el operativo contra “El Mencho” en febrero de 2026, en el que se presume hubo participación de inteligencia por parte de los EE. UU., y donde nada se hizo para evitar la escalada de violencia posterior.
En este contexto, políticos de ambos partidos, empezando por la presidenta de México, han decidido tomar un tema estratégico y vital para la región como bandera ideológica. Esto pone en evidencia la falta de entendimiento que hay sobre la importancia práctica que en este momento tiene la cooperación bilateral en seguridad, así como de la necesidad de mantener la unidad nacional para enfrentar a Trump, cuyas intenciones van bastante más allá de debilitar a un partido o incluso a un régimen político.
