En el panorama jurídico actual, cruzar una frontera estatal puede transformar radicalmente el destino de una persona frente a la justicia. Un mismo acto, cometido bajo circunstancias idénticas, puede ser castigado con un par de años de prisión en una entidad y con más de una década en la entidad vecina. Esta realidad plantea una pregunta incómoda pero necesaria ¿Ha llegado el momento de discutir seriamente la creación de un Código Penal Único o Nacional?
La idea de una codificación nacional no es nueva, pero cobra una urgencia particular cuando observamos las profundas fisuras que la fragmentación legal genera en el Estado de Derecho. No se trata de afirmar de manera categórica que esta sea la solución definitiva, pero sí de explorar si la uniformidad punitiva es el paso lógico para modernizar nuestro sistema de justicia.
Actualmente, el país opera bajo un mosaico de decenas de códigos penales uno por cada entidad federativa, más el federal. A esto se suman las múltiples leyes especiales que contienen sus propios catálogos de delitos. El resultado es un ecosistema jurídico donde la tipificación de las conductas y, sobre todo, la punibilidad o las penas, resultan con frecuencia asimétricas y, en algunos casos, rozan lo ridículo.
Esta disparidad genera problemas graves de Incertidumbre jurídica: El ciudadano común y los operadores del sistema enfrentan un laberinto normativo complejo. Desigualdad ante la ley: El principio de que «a igual delito, igual pena» se desvanece en la geografía. El valor de la vida, la propiedad o la libertad parece fluctuar dependiendo del código postal donde ocurra el ilícito e inclusive Fricciones de competencia: La constante disputa entre el fuero común y el federal complica las investigaciones y retrasa la justicia.
Pensar en un Código Penal Único no solo implicaría fusionar los códigos estatales y el federal, sino dar un paso mucho más audaz, la integración de todas las conductas típicas en un solo cuerpo normativo. Esto significaría absorber y sistematizar los delitos que hoy se encuentran dispersos en leyes especiales. Imaginemos un código monumental que contenga:Delitos tradicionales: Homicidio, robo, secuestro, fraude. Delitos fiscales y financieros: Actualmente contemplados en el Código Fiscal de la Federación o leyes bancarias. Delitos contra la salud y delincuencia organizada: Que hoy habitan en la Ley General de Salud o legislaciones específicas contra el crimen organizado y hasta los Delitos ambientales y electorales.
Agrupar absolutamente todas las conductas antijurídicas en un solo texto tendría una ventaja teórica indudable: la armonización de los criterios de punibilidad. Se obligaría al legislador a crear una escala de penas coherente y proporcional, donde el castigo por evadir impuestos, traficar sustancias o cometer un robo con violencia se calibre bajo una misma balanza valorativa.
Los defensores de la uniformidad argumentan que un Código Penal Único fortalecería el Estado de Derecho. Al estandarizar las reglas del juego, se cerraría la puerta a las «fugas» legales, se facilitaría la capacitación de jueces y ministerios públicos, y se enviaría un mensaje de igualdad formal: la ley es exactamente la misma para todos. Además, el país ya dio un paso similar (y exitoso en su diseño) con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Sin embargo, el debate exige mantener una dosis de escepticismo razonable. ¿Es prudente concentrar todo el poder punitivo en un solo código centralizado?
La respuesta no es fácil, pues ello implicaría desafiar o desestimar por completo al Federalismo, ya que ello implicaría eliminar la facultad de los Estados para legislar en materia penal podría ignorar las realidades criminológicas locales. Lo que es un problema grave en el norte del país podría no serlo en el sur.
Tampoco podemos omitir que podríamos crear un Elefante Blanco, pues un código que intente abarcar absolutamente todo, desde un robo simple hasta una compleja operación de defraudación fiscal, podría volverse un documento inmanejable, rígido y difícil de reformar con la agilidad que requiere la evolución del delito.
Corolario. La creación de un Código Penal Único Nacional es una posibilidad real y una herramienta intelectualmente atractiva para corregir las graves asimetrías de nuestro sistema. Los criterios de uniformidad prometen orden en donde hoy hay caos.
No obstante, la duda permanece ¿es la codificación centralizada y absoluta la respuesta a nuestra crisis de justicia, o es simplemente un cambio arquitectónico que no resolverá los problemas estructurales de impunidad? Lo que es innegable es que la diferenciación actual es insostenible. El debate sobre cómo castigamos, y si debemos hacerlo bajo una sola voz nacional, está más abierto que nunca.
